201703.01
0
1

Carta de antecedentes penales: Un obstáculo para la reinserción social.


Carta de antecedentes penales: Un obstáculo para la reinserción social

César Alberto Leza Cantú

Es a partir de la Reforma Constitucional del año 2008 en la cual se introduce el concepto de la reinserción social del sentenciado. En virtud de lo anterior, el sistema penitenciario  implementa programas educativos, laborales y deportivos dentro de los centros penitenciarios con la finalidad de preparar al individuo para su regreso a la vida en sociedad.

Si bien es cierto que a partir de la reforma constitucional antes mencionada se busca preparar al reo para reinsertarlo a la sociedad[1], en la realidad sucede algo muy distinto: una vez que se cumple la condena que le fue impuesta a una persona, comienza la verdadera odisea, la constante lucha por conseguir un empleo dentro de una sociedad en la cual predomina la discriminación generada por el estigma que se tiene acerca de una persona que cuenta con antecedentes penales.

En la actualidad, uno de los requisitos que suelen pedirse al momento de realizar una solicitud de trabajo es presentar la carta de no antecedentes penales[2], ya que se presupone que una persona que no cuenta con antecedentes penales resulta mejor candidato para ocupar una plaza en contraposición de alguien, que por alguna circunstancia, cometió un delito y fue sentenciado por ello.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su apartado de definiciones establece la siguiente para el concepto de discriminación:

Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá́ por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: […] los antecedentes penales o cualquier otro motivo […]

A partir del concepto expuesto se observa que cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos basado en que una persona cuente con antecedentes penales será considerado como discriminación.

A su vez el artículo 1º Constitucional prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y  libertades de las personas.

Aunado a lo anterior, recientemente se publicó una tesis aislada[3] en la cual se menciona que el artículo 86, fracción I, inciso E), de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, al exigir la presentación de la carta de no antecedentes penales como requisito indispensable para la obtención de la licencia especial para la conducción de vehículos  afectos a los sistemas y modalidades del servicio estatal de transporte, transgrede el derecho fundamental a la libertad de trabajo, toda vez que se vulneran las garantías de igualdad y no discriminación al otorgar una preferencia a quienes no cuentan con antecedentes, esto, sin contar con un sustento objetivo, ya que simplemente se limita a observar si se cuenta con ellos o no.

Lo anterior, en nuestra opinión es un requisito que carece de fundamento, ya que es imposible determinar que una persona por el simple hecho de contar con antecedentes penales –sin conocer las circunstancias que lo llevaron a delinquir– no es apta para desempeñar un trabajo. Asimismo, al plantearse ello como un requisito indispensable para la obtención de la licencia se contrarían los principios que establece el artículo 18 Constitucional sobre la reinserción social.

Según datos de la organización civil Documenta, el 64% de los reos que se ponen en libertad vuelve a delinquir, esto a razón de que las oportunidades laborales al salir de prisión se reducen al mínimo; ya que como se mencionó anteriormente, es una práctica muy común solicitar la carta de antecedentes penales para ser contratado en un trabajo, lo cual genera un obstáculo para el finalidad de la reinserción social del individuo.

Desde el año 2012 se comenzaron a presentar iniciativas de reforma a distintas leyes, para eliminar la discriminación originada por contar con antecedentes penales. Sin embargo, no se le ha otorgado la importancia que en realidad tiene evitar este tipo de discriminación, sobre todo, en un marco constitucional el cual se ostenta como garante y respetuoso de los derechos humanos.

Un ejemplo de lo anterior es la iniciativa de reforma al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, propuesta en el año 2013 por miembros de cierto grupo parlamentario, en ella se buscaba modificar el artículo para quedar de la siguiente manera:

Art. 133.-  Queda prohibido a los patrones o a sus representantes

  1. Negarse a aceptar trabajadores por razón deorigen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, antecedentes penaleso cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio.

No se podrá solicitar información relacionada con los antecedentes penales de los aspirantes a un empleo o a trabajadores, salvo en los casos específicos en los que la ley lo establezca.

Sin embargo, dicha iniciativa no prosperó y el artículo no prohíbe expresamente este tipo de discriminación, lo que deja abierta la posibilidad para que los patrones puedan seguir exigiendo la presentación de la carta de no antecedentes penales y en virtud de ello negar el acceso a un puesto de trabajo.

Resulta loable la intención por parte de algunos legisladores para evitar este tipo de prácticas discriminatorias. Sin embargo, no por el hecho de que se reforme una Ley para prohibir este tipo de requisitos se va a erradicar este tipo de discriminación. Lo que en realidad debe cambiar es el estigma social que se tiene acerca de las personas que, por alguna razón, “pisaron la cárcel”, y otorgar las oportunidades laborales a partir de las cuales un individuo realmente pueda reinsertarse en la sociedad y evitar la futura reincidencia en delinquir.

[1] Ojeda Velázquez, Jorge. Reinserción Social y Función de la Pena. México, UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas, pág. 70. Disponible en línea: UNAM, Biblioteca Jurídica Virtual ˂http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3169/7.pdf˃.

[2] Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona disposiciones relativas a la no discriminación laboral por razón de antecedentes penales. Disponible en línea: <http://app.vlex.com/#vid/524126614> (Consulta: 10 de Mar., 2016).

[3] TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO [ABANDONO DE LA TESIS IV.2o.A.80 A. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 27, Febrero de 2016; Tomo III; Pág. 2231. IV.2o.A.4 CS (10a.) Registro 2011119.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *