201607.14
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Acceso a la justicia, su impartición o su obstrucción dentro de un sistema de división de poderes

El 16 de Mayo del  2016 se publicó en el Diario Oficial del Estado de Nuevo León una reforma a la  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado con el objeto de reducir el número de magistrados de 16 a 14. Con dicha reforma se tendrán consecuencias inmediatas tales como la eliminación de dos salas, la resolución de asuntos en salas unitarias, entre otras. Ello a largo plazo disminuirá la rapidez en la impartición de Justicia en el Estado, afectando de esta manera al derecho fundamental de acceso a la justicia.


El Poder Legislativo es el órgano del Estado que cuenta con mayor número de representantes. Por vivir en un estado democrático el pueblo es quien ostenta la soberanía. Las normas que rigen al Estado deberán ser discutidas y aprobadas por un órgano capaz de representar a todo el pueblo y no sólo a ciertas clases. Es idóneo que dicho órgano se conforme por un número calificado de miembros. Sin embargo, existen ocasiones en las cuales los miembros de dicho órgano anteponen sus intereses personales o políticos al interés social, creando o modificando leyes para el beneficio de un grupo en particular y no para la búsqueda de una mejoría social.

El día 16 de Mayo del  2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León una reforma al artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Dicha reforma básicamente consistió en reducir el número de magistrados que conforman el Tribunal Superior de Justicia, de 16 a 14; a simple vista un cambio intrascendente y que “cuenta con el apoyo del pueblo nuevoleonés” pues significará el descuento al gasto público de dos salarios de magistrados. Sin embargo, el trasfondo de la reforma es muy diferente.

La reforma mencionada fue calificada por la organización Consejo Cívico, las principales universidades de Nuevo León como la UANL, Tecnológico de Monterrey, UDEM, U-ERRE; así como por la CAINTRA, CANACO, CANADEVI, RENACE, entre otras, como “amañada” e “ilegal”[1]. Otros analistas expertos, como lo es el Dr. Sergio Elías Gutiérrez[2], comentan que el interés en la reforma surgió a partir de que los jueces comenzaron a aplicar los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los obligaban a ampliar y aplicar de manera más estricta los derechos humanos implicados en el proceso, lo cual a su vez generó un sentimiento de inconformidad en el pueblo, ya que por fallas procesales los jueces se veían obligados a “dejar en libertad” a delincuentes. Situación que aprovecharon los demás órganos del Estado, debido a que pareciere que el Poder Judicial estaba “actuando de manera incorrecta”.

El proceso de creación de la reforma mencionada se presenta sin defecto formal alguno y, por lo tanto, cuenta legítima validez. Sin embargo, tomando en cuenta las declaraciones del titular del Poder Judicial, el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, así como la opinión de integrantes de organizaciones civiles, líderes empresariales y rectores de universidades, es claro que el problema de dicha reforma no radica en la forma sino en el fondo.

Los grupos ciudadanos mostraron su desaprobación hacia la reforma. En su opinión existió una serie de irregularidades tales como el cambio del fondo del dictamen, la aprobación en la comisión de Justicia en forma privada y el supuesto interés político por parte de los diputados[3]. Por lo demás,

 El impacto generaría la eliminación de dos salas colegiadas, y los asuntos ser resueltos en las salas unitarias, lo cual dejaría a un lado la colegiación en los temas de mayor importancia judicial, ya que no se estaría debatiendo por tres magistrados, sino la decisión recaería en uno solo de ellos.[4]

El presente tema, sin lugar a dudas, es un tópico de control de poderes, netamente de corte constitucional y político. No obstante, en el caso concreto la reforma al 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado no posee un antecedente –del todo– válido jurídicamente, es decir, no existe fuente material suficiente que motive la reforma. Ésta dilatará los procedimientos judiciales, afectando así el derecho fundamental de acceso a la justicia de todos los nuevoleoneses. Además, se estaría dejando de hacer efectiva la oportunidad de una decisión colegiada en la apelación o segunda instancia, la cual servía para buscar el mayor grado de justicia en las resoluciones a través de un debate de las mismas. Cabe mencionar también que se estaría obstruyendo el estudio de los asuntos con la especialización técnica de los magistrados pues, al reducir su número, los obliga a participar en Salas Colegiadas cuya materia no les es familiar o de uso común.

Para que el Estado garantice el acceso a la justicia deberá observar por lo menos:

La existencia de tribunales previamente establecidos, a los cuales las personas puedan acudir a exigir la restitución de uno o más derechos;

Que la justicia se imparta de la manera más oportuna posible;

Que el acceso a la justicia sea gratuito.[5]

Los elementos establecidos son bastante concretos, sin embargo, ¿qué sucede cuando los tribunales establecidos por el Estado son insuficientes para poder garantizar la impartición de justicia de manera expedita a los ciudadanos? La respuesta es clara, el Estado estaría incurriendo en una violación al derecho de acceso a la justicia. Se estaría atentando en contra del propio artículo 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, mismos que garantizan una justicia expedita.

El principio de progresividad, contemplado por la Constitución en su artículo 1º establece, a grandes rasgos, que los derechos pueden aumentar pero no pueden disminuir. Como fue planteado previamente, al disminuir el número de magistrados se estarían dilatando los procedimientos judiciales, lo cual a su vez tiene como consecuencia lógica una disminución en el derecho de acceso a la justicia. Por lo tanto dicha reforma atenta contra el principio de progresividad.

El Estado, a través de sus instituciones, busca cumplir con sus obligaciones, como lo es garantizar los derechos humanos de los gobernados. Para poder garantizar el derecho de acceso a la justicia se creó un Poder Judicial, mismo que deberá ser independiente e imparcial. Dicha institución nace de la necesidad de regular el comportamiento de la sociedad, a través de un órgano capaz de dirimir controversias imparcialmente y de manera justa, de esta manera evitando que las personas traten de hacerse justicia por mano propia.

De ello se deriva el principio general de la independencia judicial, mismo que tiene su fundamento en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así mismo, se hace mención de él en el principio 6º establecido por la Organización de las Naciones Unidas sobre Independencia de la Judicatura. El principio de independencia judicial cuenta con diversas categorías, tales como independencia personal, independencia colectiva e independencia interna.

La independencia personal alude al conjunto de características derivadas de la situación en que la Constitución coloca al juez individualmente considerado, y que protegen a este de eventuales presiones ejercidas por los otros dos poderes políticos del Estado (Legislativo y Ejecutivo). La independencia colectiva tiene que ver con la protección a la judicatura en su conjunto frente a los demás poderes del Estado, por último la independencia interna es aquella que ampara al juez, en su individualidad, frente al resto de la estructura judicial.[6]

Dentro de una válida pugna de poderes, propia del Estado constitucional de Derecho en cuanto medio natural de control del poder, surge la pregunta: ¿Cualquier detrimento –particularmente– del Poder Judicial propiciado por algún otro de los Poderes será considerado un atentado al acceso a la justicia de los gobernados? ¿El Poder Judicial es la “única” herramienta con la cual cuenta el pueblo para la impartición de justicia? El Poder Judicial ha emitido criterios que resaltan la independencia de éste órgano y el alcance del derecho humano de acceso a la justicia[7], pero el mismo acaba siendo juez y abogado en propia causa. En otras palabras, resulta paradójico que para los estados modernos sea connatural vivir bajo una dictadura de los jueces; en fin y al cabo, alguien debe tener el poder de la última palabra.


[1] García, Syndy. Acusan a Diputados de Actuar de Manera Amañada e Ilegal. Disponible en línea: Grupo Milenio <http://www.milenio.com/politica/Acusan-diputados-actuar-amanada-ilegal_0_736126741.html > (Consulta: Julio 13, 2016).

[2] Gutiérrez Salazar, Sergio Elías. Independencia Judicial. Disponible en línea: Grupo Reforma <http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/Documento/Opinion.aspx?id=83425|Opinion&tit=Independencia+judicial&text=sergio+elias+gutierrez&url= > (Consulta: Julio 13, 2016).

[3] García, Syndy. Acusan a Diputados de Actuar de Manera Amañada e Ilegal, Ob. cit.

[4] Arenas Bátiz, Carlos Emilio. En: Cubero, César. NL Ocuparía Último Lugar en Número de Magistrados. Disponible en línea: Grupo Milenio <http://www.milenio.com/region/Magistrados_Nuevo_Leon-ultimo_lugar_magistrados_NL_0_727127502.html> (Consulta: Julio 13, 2016).

[5] González Pérez, Hugo Alejandro. El Derecho de Acceso a la Justicia. Disponible en línea: Tribunal Superior de Justicia de Nayarit <www.tsjnay.gob.mx/?wpdmdl=51&ind=7> (Consulta: Julio 13, 2016).

[6] Sánchez Cordero de García Villegas, Olga. La Independencia Judicial en México. Disponible en línea: <https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/ministra/LA%20INDEPENDENCIA%20JUDICIAL%20EN%20M%C3%89XICO.pdf> (Consulta: Julio 13, 2016).

[7] Cf. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. PARA LA OBSERVANCIA DE ESTE DERECHO, LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE INTERVENIR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTÁN OBLIGADAS A ASIGNAR A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES UNA PARTIDA PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA ATENDER EN TÉRMINOS DE LEY SUS CARGAS DE TRABAJO. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013; Tomo 2; Pág. 1301. II.1o.T.6 L (10a.) Registro 2002693.