201607.12
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Indemnización Justa: Realidad o fantasía jurídica.


El artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos hace referencia a un concepto denominado ʻindemnización justaʼ, por el cual se busca reparar el daño que se ha ocasionado a una persona en razón a la afectación que ha recibido por parte de otra persona, dígase patrimonial o moralmente. Pero, ¿Qué pasa si el deudor es insolvente? ¿Cómo se lograría subsanar la afectación a la víctima?


La ʻindemnización justaʼ surge a consecuencia de la reparación que debe recibir el afectado por la conducta que cometió una persona denominada agresor[1]; en donde el nexo causal es la afectación. Se compone en dos aspectos que son de carácter patrimonial y moral; el primero consta de todos aquellos elementos pecuniarios que puede tener un individuo y el segundo consta de los aspectos más personales que individualizan la personalidad de un ser humano tales como los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, aspectos físicos, etcétera.

La indemnización ante  afectaciones patrimoniales es generalmente el precio de los bienes que se vieron perjudicados por la conducta que cometió el agresor, así como el gasto de las reparaciones que se tiene que hacer para devolver la cosa al estado original que se encontraba antes de la afectación, pues ello subsanaría la esfera patrimonial del afectado.

Ahora bien, respecto de las afectaciones morales, la doctrina jurídica mexicana ha venido desarrollando el concepto de ʻindemnización justaʼ que debe realizar el agresor para subsanar la integridad del afectado.

En esta línea se dice que el agresor debe colmar ciertos elementos para poder decir que subsanó íntegramente el daño al afectado[2]. A partir del expediente Varios 912/2010 y la contradicción de tesis 293/2011[3] se estableció que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen jerarquía constitucional[4], estableciendo, a su vez, los principios de interpretación conforme «el cual consiste en que el juzgador debe velar tener un parámetro constitucional de índole humanista»[5] y pro personae que «impone la obligación del juzgador de interpretar las normas a favor del particular»[6].

Ahora bien, cuando el juzgador debe analizar alguna controversia en donde se dispute el monto económico necesario para indemnizar a una persona (sobre todo en el aspecto moral), debe utilizar herramientas que no discriminen a alguna de las partes, dado que anteriormente la mayoría de los ordenamientos jurídicos usaban la regla de indemnización contenida en el artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal. «El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso». Ante esta fórmula se suscitó un debate en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo directo 30/2013). Se estableció que dicha disposición es inconstitucional y discriminatoria al estipular que se debe tomar en cuenta la situación económica del responsable y de la víctima, pues ello no generaría una misma indemnización por concepto de daño moral.

También en lo que respecta a la ponderación de la ʻindemnización justaʼ, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en repetidas ocasiones, la más reciente es la que se discutió en el amparo directo 3236/2015 sobre el derecho a la privacidad de una actriz quien resultó ofendida por los comentarios que dio un reportero sobre la persona misma de la actriz en un programa a nivel nacional. Se determinó que, para que una persona tenga el derecho de exigir una justa indemnización, es necesario que haya recibido un perjuicio derivado de la responsabilidad civil de otra persona, pues ello contrae la obligación a cargo de una persona de indemnizar a otra por los daños que ha ocasionado como consecuencia del incumplimiento de una obligación o realización de un siniestro de deriva de un riesgo creado[7]. Lo anterior a raíz del estudio comparado de los casos de Barrios Altos Vs. Perú y Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (ambos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en donde ambos versaban sobre la desaparición de personas.

Al efecto, el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dispone:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

            La forma en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia de reparación de daños con base en la Convención es 1. publicación de las partes pertinentes de la sentencia, 2. acto público de reconocimiento de la responsabilidad, 3. atención psicológica a los directamente afectados, 4. prestaciones reparatorias aplicables al caso en concreto y 5. costas y gastos del juicio[8].

            Ahora bien, hay que tener en cuenta que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece sanciones a Estados y no a particulares y que los Estados (en el deber ser) siempre tendrán solvencia económica para poder cumplir una sentencia que determine la Corte. En cambio, entre particulares, desde que el agresor sea insolvente. Es por ello que  el concepto de ʻindemnización justaʼ es un derecho que en el deber ser suena justo; sin embargo, al momento de ejercitarse dicho derecho, la mayoría de las veces no puede adecuarse a las necesidades del ofendido, porque nada garantiza que el agresor tenga la solvencia económica para garantizar la ʻindemnización justaʼ.

Actualmente en del Derecho no existe una fórmula que logre ser igual para todos los individuos, puesto que es imposible determinar cuánto vale la vida de una persona, cuánto afecta en la psique esa pérdida para sus seres queridos o cuánto cuesta la afectación a la psique cuando una persona ya no pueda caminar o pierda un brazo, por enlistar algunos supuestos.

No obstante que el daño moral es de índole subjetivo, en el amparo directo 35/2014 resuelto en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó una fórmula para determinar la afectación a la víctima y con ello tratar de “hacerlo más objetivo”. Ahora bien, es preciso mencionar que la integridad moral de la víctima puede verse afectada de tres formas: daño al honor, daños estéticos y daños a los sentimientos[9].

Persiste la pregunta: ¿Cómo cuantificar el daño moral? Al caso, los sistemas jurídicos han buscado “formulas” para lograr establecer, de la manera más justa posible, la indemnización por daño moral. En México, el daño moral puede ser cuantificado por las consecuencias de éste, las cuales pueden ser de carácter patrimonial o extra-patrimonial. Las cuales pueden ser de dos tipos de proyecciones: presentes y futuras. En todos ellos, el juez debe valorar no sólo el daño actual, sino también el futuro. Por lo tanto, además del carácter económico o extraeconómico de las consecuencias derivadas del daño moral en sentido amplio, estás también pueden distinguirse de acuerdo al momento en el que se materializan[10].

En resumen, la forma de cuantificar de manera objetiva la indemnización de la víctima por concepto de daño moral es la suma de todos estos elementos para poder, en consecuencia, resarcir el daño presente y futuro en relación con la víctima.


[1] Número de Registro: 2006958. DAÑOS PUNITIVOS. CONCEPTUALIZACIÓN DE SUS FINES Y OBJETIVOS. Localización:  [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 8, Julio de 2014; Tomo I; Pág. 142. 1a. CCLXXII/2014 (10a.).

[2] Aguilar Morales, Luis María. “Los Derechos Humanos y la Supremacía Constitucional”. En: Pro Homine. México, Ediciones Corunda S.A. de C.V. Año 1, No. 1, Enero-Jun., 2014., (pp.  25-36).

[3] Loc. Cit.

[4] De Dienhem Barriguete, Cuahutémoc Manuel. “El Estado mexicano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En: Pro Homine.  México, Ediciones Corunda S.A. de C.V. Año 1, No. 2, Mayo-Ago., 2014., (pp.  15-29). pp.28-29.

[5] Cilia López, José Francisco. Los derechos humanos y su repercusión en el control de constitucionalidad y convencionalidad. México, Porrúa, 2015, pg127..

[6] Medellín Urquiaga, Ximena. Principio pro persona. México, 2014, pg. 17.

[7] Azúa Reyes, Sergio T. Teoría General de las Obligaciones. 5ª ed. México, Porrúa, 1993/2012, p. 186.

[8] Saavedra Álvarez, Yuria. Teoría de las reparaciones a la luz de los derechos humanos. México, 2014, pg. 14.

[9] Número de Registro: 2006737. DAÑO MORAL. SU CLASIFICACIÓN EN CUANTO AL CARÁCTER DEL INTERÉS AFECTADO. Localización: [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014; Tomo I; Pág. 449. 1a. CCXXXI/2014 (10a.).

[10] Zannoni, Eduardo. El daño en la responsabilidad civil. 2ª ed. Argentina, Astrea, 1987/1992, p. 73.