201606.07
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Intercambio de rehenes

Mientras en el Congreso del Estado las fracciones mayoritarias PAN y PRI se pelean entre ellas por las cuentas públicas de pasadas Administraciones, en el Poder Ejecutivo preparaban el golpe contra funcionarios del Gobierno anterior.


Ahora, los sospechosistas -que nunca faltan- disparan dudas sobre las denuncias presentadas. La más importante es que si éstas estarán suficientemente sustentadas para no resultar fallidas.

Si los Diputados esperaban que la dilación en la discusión de estas cuentas sirviera para detener las denuncias penales, hicieron un mal cálculo. Las acciones legales emprendidas por el Gobierno estatal son independientes de las que puedan resultar del análisis de las cuentas congeladas.

Esto es así porque las cuentas públicas son el informe que los entes públicos rinden al Congreso sobre el ejercicio de su gestión financiera del año anterior.

Si bien la cuenta pública se presenta al Congreso local, éste debe hacerlo llegar a la Auditoría Superior del Estado (ASE), el órgano del Legislativo que con autonomía técnica y personalidad jurídica es el encargado de la fiscalización, control y evaluación del gasto público.

Concluidas las auditorías de las administraciones públicas, la ASE hará observaciones a los entes fiscalizados y dará un mes para solventarlas.

Terminado ese plazo, la Auditoría envía sus dictámenes al Congreso a través de la Comisión de Vigilancia. El trabajo de la Auditoría concluye con los informes respectivos sobre las cuentas públicas que cada año presentan los cientos de entes públicos obligados a hacerlo.

Ahí es donde las cuentas caen en un hoyo negro.

La Comisiones legislativas están presididas por los partidos mayoritarios, y hasta ahora han dejado sin aprobar o rechazar las cuentas por la ASE. El rezago es de varios años atrás.

Siguen en la congeladora dictámenes de auditores capacitados para esta tarea y que significó un gasto de millones de pesos.

A los Diputados sólo corresponde aprobar o rechazar los informes sobre las cuentas públicas que les presente la ASE. Tienen un año para hacerlo a partir de la recepción de las mismas.

Esto no implica que los legisladores deban realizar operaciones contables, para lo que no están preparados. Su obligación es aprobar o reprobar los dictámenes de los expertos que contienen las observaciones y las sanciones propuestas.

Esto explica por qué el rezago en la revisión de las mismas: se trata de dilatar esta tarea para no fincar responsabilidades a los involucrados. Cada facción protege a sus cuadros en un típico intercambio de rehenes.

Ante las denuncias presentadas por el Gobierno estatal lo que sigue es ver cuál será el curso que deberán seguir las decenas de imputaciones a funcionarios de todos los niveles del Gobierno anterior.

Si bien los Diputados ya crearon una Fiscalía Anticorrupción autónoma, ésta empezará a funcionar a partir de año próximo. En tanto la encargada es la creada por el Ejecutivo antes de la reforma constitucional.

Este litigio entre políticos actuales y del pasado apenas comienza, habrá mucha tela de donde cortar. Es de esperarse que se agudice el pleito entre el Ejecutivo y las fracciones de legisladores que ven en esto una amenaza real.

Al final de cuentas, los jueces tendrán la última palabra. Estará a prueba no sólo su preparación ante este complejo asunto, sino, sobre todo, la independencia que deben tener a la hora de dictar sus resoluciones.

Hacer otra cosa sería politizar la justicia y eso no es válido. Nos espera un largo y caluroso verano político-jurídico.


Sergio Elías Gutiérrez, sergioegsalazar@gmail.com

07 Jun. 2016

Fuente: El Norte