201605.24
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Cuotas universitarias violan el derecho fundamental de educación

Los Estados de la República mexicana tienen la obligación de brindar una educación de calidad a sus habitantes. Además, la educación que se imparte debe atender a la comprensión de los recursos de los ciudadanos y, por ende, si el Estado la imparte, debe ser gratuita. La educación superior impartida por parte del Estado que cobre cuotas escolares, contraviene lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.


La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 3º indica que la educación que el Estado imparta será gratuita, de calidad, armónica y con fines científicos, tecnológicos, culturales, entre otros y hace hincapié en que las instituciones privadas tienen total libertad de impartir la educación en todos sus tipos y modalidades. Todo esto aplicable para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Tratándose de la educación superior, la CPEUM da total autonomía a las universidades que imparten este nivel de educación, otorgándoles la responsabilidad de autogobernarse con la condición de cumplir los fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios establecidos dentro del mismo artículo 3º. Asimismo, la Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos indica en sus disposiciones generales que la “función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones”. Así, el reglamento de algunas universidades autónomas integra el cobro de cuotas a los alumnos de dichas instituciones.

Lo anterior entra en conflicto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que México se adhirió en 1981. Este Pacto en su artículo 13º indica que “la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible para todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. Este principio de progresividad establece que el goce y disfrute de los derechos siempre deben de mejorar y que una vez que sean reconocidos y garantizados, no puede ser regresiva la decisión y quitarles las garantías que ya se habían establecido [1]. Implica que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. Se requiere avanzar hacia el mejoramiento de los derechos.

Además, la no gratuidad de la educación superior contraviene el principio pro persona establecido explícitamente en el artículo 1º constitucional. Este principio es:

[U]n criterio hermenéutico que informa a todo el Derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos […] [2]

El derecho a la educación es reconocido por la Carta Magna pero, el derecho a la educación superior gratuita no está expresamente incluido en ésta ya que da total autonomía a las universidades para que decidan sobre este tema y éstas, a su vez, toman la decisión de incluir o no una cuota para impartir educación.

Se debe recurrir, conforme al principio expuesto, a la norma más amplia sobre la protección o reconocimiento de este derecho, siempre y cuando no contravenga a la CPEUM según lo establecido en el artículo 133 constitucional “esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma […] serán la ley suprema de toda la Unión” pero a pesar de que un Tratado o un Pacto no esté de acuerdo con la CPEUM, debe prevalecer lo dictado por la norma más protectora del derecho ya que en materia de derechos humanos, la interpretación debe hacerse de acuerdo al artículo 1º constitucional [3] “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ofrece una mayor protección al derecho de educación; incluye y expresa que la educación superior deberá ser progresivamente gratuita. Sin duda, las universidades autónomas están dejando de lado el reconocimiento y la protección más amplia de los derechos humanos.

El Estado de Michoacán incluyó en el artículo 138 de su Constitución local “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado y sus Municipios están obligados a impartir educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Toda educación que el Estado imparta será gratuita” y en su artículo tercero transitorio especificó.

[L]as obligaciones derivadas del presente Decreto, serán cumplidas de manera gradual progresiva, inicialmente la gratuidad implicará el pago de inscripción en las instituciones públicas de media superior y superior hasta el grado de licenciatura, otros servicios como exámenes, cursos, certificados, credenciales, cartas de pasantía, titulación y constancias, se otorgarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Estado.

La Universidad de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán logró impartir educación sin el cobro de cuotas. El Estado de Michoacán firmó un Convenio de Colaboración con esta institución para aportarles todos los recursos necesarios y así poder ofrecer a la sociedad una educación superior gratuita pero tal situación no duró más de 1 año. El Estado indicó que debido a dificultades financieras y presupuestales del Gobierno, el convenio, antes referido, no se renovaría para los ciclos escolares siguientes [4].

Una vez que este Estado reconoce que la impartición de la educación superior será a cargo del Estado y sus Municipios y, por ende, gratuita, no puede retrotraerse de la decisión tomada, puesto que, violaría el principio pro persona y de progresividad. Fijada una pauta de interpretación conforme al principio pro persona, ésta no puede verse afectada por una regresión. Por el contrario, cualquier ejercicio de aplicación normativa deberá ser progresivo [5].

Un tema interesante es analizar, también, la amplitud de la gratuidad de la educación superior. Si el Estado de Michoacán amplió la protección del derecho a la educación implementando la gratuidad de la educación superior, ¿los demás Estados de la Federación podrían legislar este derecho de la misma manera que lo hace el Estado de Michoacán?

La mayoría de los Estados no incluyen en su Constitución la educación superior como gratuita sino, la dejan al arbitrio de los reglamentos de las universidades autónomas. No regulan la educación superior como gratuita puesto que la CPEUM no lo establece de esa manera. Sin embargo, debe prevalecer la norma que aporte mayor protección para los derechos humanos siendo, en este caso, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales la norma con mayor beneficio para el mismo derecho. Además, se estaría siguiendo la literalidad de lo establecido en el artículo 1º constitucional cuando se menciona “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

De esta manera, ¿tienen las Entidades Federativas la obligación de regular en su Constitución local la educación superior como gratuita? En caso de no hacerlo, ¿se estaría ante una norma inconstitucional?


[1] Vázquez, Luis Daniel, Serrano, Sandra. “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica”. En: La Reforma Constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sept., 2011, (pp. 135-165), p. 163.

[2] Pinto, Mónica. “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”. 1997. Disponible en línea: Corte Interamericana de Derechos Humanos. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/20185.pdf> (Consulta: Enero 21, 2016).

[3] Rodríguez, Gabriela, Puppo, Gama, Raymundo y otros. Interpretación Conforme. México, s.e, p. 8. Disponible en línea: CDHDF <http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/3-Interpretacion.pdf> (Consulta: Enero 24, 2016).

[4] Proyecto de Resolución de Amparo en Revisión 750/2015.

[5] Pinto, Mónica. Ob. Cit. p. 163.