201603.06
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Divorcio incausado: El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto

El Poder Judicial de la Federación emitió un criterio que vino a remediar situaciones de indefensión, creadas a partir la desaplicación irrestricta, por parte de los jueces de Nuevo León, de las causales de divorcio consideras inconstitucionales, autoridades que vieron con tal desaplicación la oportunidad de reducir su carga de trabajo. Al desaplicar la norma que contiene la causal de divorcio, el juzgador sólo entra a estudiar si existe voluntad de, al menos, uno de los cónyuges para disolver el vínculo matrimonial. Sin embargo, dicho estudio minimalista no es aplicable en todos los casos, pues el derecho al libre desarrollo de la personalidad en que se sustenta la inconstitucionalidad de las causales de divorcio no es absoluto.


El 10 de Julio de 2015 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis que determinaba jurisprudencialmente la inconstitucionalidad de las causales de divorcio [1] y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del 13 de Julio de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 del Poder Judicial de la Federación. La declaración de inconstitucionalidad de las causales de divorcio trajo aparejada la posibilidad de dar mayor celeridad a los juicios de divorcio y, sin lugar a dudas, muchas instancias judiciales ordinarias vieron la oportunidad de aplicar un único criterio a la universalidad de los casos de divorcio que se presentasen, a saber, el estudio de la voluntad unilateral de uno de los cónyuges para disolver el lazo conyugal.

Lo anterior se cristalizó de manera particular en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en donde, no obstante, el único criterio de estudio se degeneró en un único “machote” de sentencia, sin que el juzgador advirtiera particularidades extraordinarias de los casos, la etapa procesal en la que estuvieran o las consecuencias jurídicas concretas (culpabilidad por la comisión de hechos ilícitos familiares, indemnizaciones, compensaciones, custodia de menores y/o patria potestad et cetera).

Particular causa de agravio para litigantes fueron los juicios de divorcio comenzados antes de la entrada en vigencia de la tesis jurisprudencial sobre la inconstitucionalidad de las causales de divorcio (1a./J. 28/2015 10a.) Se trata de un claro tema de irretroactividad de la Ley: la tesis 1a./J. 28/2015 (10a.) en mención no es aplicable a situaciones anteriores a su vigencia. Sin embargo, las autoridades judiciales locales justificaron erróneamente en sus sentencias la aplicación retroactiva de la referida tesis con fundamento en la aplicación de otro criterio, el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro:

Jurisprudencia en materia de derechos humanos. La emitida por el Tribunal Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fija el contenido y alcance de aquéllos, es susceptible de producir efectos retroactivos, si no se está frente a la autoridad de la cosa juzgada (interpretación conforme del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo). [2]

El criterio de rubro en cita vislumbra, sin lugar a duda, una excepción al principio general del Derecho que estipula que tanto la Ley como la jurisprudencia no es retroactiva si hay perjuicio de persona alguna. La excepción se da cuando se trata de jurisprudencia versada sobre derechos humanos, en cuyo caso sí sería retroactiva la jurisprudencia. Sin embargo, el criterio aludido sobre la retroactividad excepcional de la jurisprudencia (XXVII.3o.68 K 10a.) no conforma ella misma jurisprudencia sino que se trata tan sólo de una tesis aislada, quedando su vinculación como mera doctrina orientadora de jueces y siendo así meritorio de los casos una explicación (motivación y fundamentación) más exhaustiva y no su mera citación.

Afirmando sin conceder la válida aplicación del criterio XXVII.3o.68 K (10a.), ello no obsta que la naturaleza de un juzgador ad quem en un recurso legal ordinario no es la de ser una autoridad revisora. Es decir, la segunda instancia se substituye completamente en la primera instancia, a diferencia de lo que ocurre con el juicio de amparo, en donde el juzgador realiza una revisión de la constitucionalidad del acto reclamado y, por extensión, también de su legalidad. En esta tesitura, si la a quo de un asunto iniciado previamente a la vigencia de la tesis sobre la inconstitucionalidad de las causales de divorcio (1a./J. 28/2015 10a.) emitió un fallo habiendo estudiado las causales de divorcio, era menester que la ad quem –en sustitución de aquélla y en plenitud de jurisdicción– realizara el mismo estudio que hiciera la primera instancia y sobre las mismas bases, a saber, en atención de las causales de divorcio contenidas en el Código Civil para el Estado de Nuevo León. En esta línea, así también el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito es que vino a remediar los procesos de divorcio iniciados con anterioridad a la vigencia del criterio sobre la inconstitucionalidad de las causales y estipuló que a la autoridad sustituta o de segunda instancia

[S]olamente le es válido realizar un control difuso de constitucionalidad o convencionalidad, cuando se encuentren vulnerados los derechos humanos de alguna persona, pero no cuando, como en la especie, no obstante que pudiera decirse que los artículos de la ley sustantiva civil para el Estado de Nuevo León resultan atentatorios del libre derecho al desarrollo de la personalidad, al restringir el divorcio al mutuo consentimiento o a la prueba de causales, ningún efecto producen, al haber obtenido ya los posibles afectados, el respeto a dicho derecho, conforme a la propia normatividad local, es decir, al haberse decretado desde primera instancia la disolución del vínculo matrimonial pues, en ese caso, la plenitud de la jurisdicción y las facultades de control difuso, respectivamente, no pueden ser aplicadas, y la actividad del tribunal de apelación se ve restringida al estudio de los agravios. [3]

A mayor abundamiento, afirmando sin conceder la válida aplicación del criterio sobre la retroactividad de la jurisprudencia (XXVII.3o.68 K (10a.), éste sería aplicable sólo a las relaciones entre el particular y el Estado, pues ello se infiere de la misma génesis, evolución y naturaleza de los derechos humanos como medios de protección constitucional y medios de defensa contra la arbitrariedad estatal. Así pues, siendo la relación procesal una relación eminentemente triangular (actor, reo y juzgador), escapa a la visión unilateral entre una de las partes (particular) y el juez (autoridad) y a la visión sinalagmática entre los particulares. Equiparar la relación procesal a una relación unilateral o sinalagmática perjudica el natural equilibrio de cargas y obligaciones procesales que se ha plasmado en la Legislación Adjetiva neolonesa y violenta la naturaleza del derecho de acción, el cual es autónomo de los derechos subjetivos que se aleguen.


[1] DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). [Jurisprudencia]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 20, Julio de 2015; Tomo I ; Pág. 570. 1a./J. 28/2015 (10a.)

[2] [Tesis aislada]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 14, Enero de 2015; Tomo III; Pág. 1947. XXVII.3o.68 K (10a.) Registro 2008206.

[3] DIVORCIO. ES IMPROCEDENTE EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA APELACIÓN, CON BASE EN EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SI EN PRIMERA INSTANCIA SE DECLARÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). [Tesis aislada]; 10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación; IV.2o.C.7 C (10a.) Registro 2011054.