201511.24
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Sobre los relevos en la Corte

La responsabilidad del Senado es muy clara: contribuir a la consolidación de una Corte autónoma.

En los próximos días deberán ser designados dos nuevos ministros de la Corte para ocupar los espacios que dejan Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, cuyos mandatos terminan el 30 de noviembre. Hace no muchos años esta decisión no habría tenido relevancia fuera de los círculos de la alta burocracia; bajo el dominio del viejo régimen presidencial, el Poder Judicial de la Federación carecía de la autonomía y las atribuciones de un verdadero órgano de protección y control constitucionales.

Hoy, en contraste, producto de las reformas sustantivas, orgánicas y procesales realizadas en las últimas dos décadas, la Corte juega un papel indispensable en la defensa de los derechos fundamentales de las personas; la solución de conflictos de competencia entre distintos órganos de representación, federales y locales; la determinación de la constitucionalidad de las leyes; y, desde luego, el control de los actos de las autoridades, como un genuino contrapeso de los otros poderes. Por ello, a diferencia del pasado, la designación de los ministros es una decisión crucial que, en más de un sentido, gravitará sobre la calidad de vida de la gente y el ejercicio democrático del poder.

Antes de las reformas de 1994 y 1995 —y las que les siguieron con los mismos fines—, la defensa de la Constitución y de los derechos establecidos en ella enfrentaban graves restricciones. Muchas eran reflejo de la falta de independencia de la Corte, condición que cambió significativamente con el proceso de transición a la democracia y el despliegue de la pluralidad. Muchas otras eran consecuencia de sus limitadas atribuciones, pues fuera del amparo, cuyos efectos se limitaban a la esfera de los derechos de quien lo promovía, la Corte carecía de las facultades con las que ahora cuenta para proteger con mayores capacidades los derechos humanos y controlar a los otros poderes. Esta evolución se ha materializado en un andamiaje normativo e institucional más completo y eficaz para la protección del ordenamiento constitucional. Pero no sólo eso. También se ha expresado en una composición plural de la Corte, en virtud de la diversidad y los equilibrios en las formaciones, los perfiles y el pensamiento de los ministros, lo que ha enriquecido y abierto los debates y las resoluciones en la interpretación de la Constitución.

Una decisión equivocada en la designación de los dos nuevos ministros puede provocar daños irreparables a esta construcción institucional tan significativa. La clave no sólo radica en las aptitudes jurídicas de los candidatos. Hay otros atributos esenciales.

Por ello, en un sano ejercicio de participación ciudadana, un grupo de organizaciones de la sociedad ha manifestado en los días recientes sus inquietudes respecto al cumplimiento de los principios que deben orientar la decisión. Su pertinencia obliga al Senado a una elección sustentada y transparente entre las dos ternas enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto, que garantice efectivamente la preservación de la capacidad jurídica, la ética profesional, la autonomía y, añadiría, la pluralidad de pensamiento en la Corte. No pretendo tener la autoridad para determinar quiénes son los más aptos. Pero lo que resulta evidente es que uno de los candidatos no cumple con las exigencias de ética profesional e independencia. Se trata de Alejandro Gómez, procurador de Justicia del Estado de México. Sus vínculos políticos y el desempeño de su cargo actual, especialmente en el caso Tlatlaya, lo descalifican enteramente. La responsabilidad del Senado es muy clara: contribuir a la consolidación de una Corte autónoma, comprometida con la protección integral de los derechos humanos, el apego del poder público al orden constitucional y la pluralidad de pensamiento.


Alberto Begné Guerra

Fuente: Excelsior