201511.06
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Responsabilidad civil en casos de bullying

El bullying es un término anglosajón utilizado para referirse al acoso escolar. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo 35/2014 resuelve al respecto de la responsabilidad civil que emana de los casos de bullying. Al analizar dicho amparo en el presente, se estudia la definición de bullying, los derechos que violenta, la responsabilidad en dichos casos y cómo acreditar los mismos.


Bullying es la palabra anglosajona usada para referirse al acoso escolar. En general la doctrina define al bullying o acoso escolar como, i) una acción de hostigamiento, ii) con la intención de dañar, iii) de manera repetida a lo largo del tiempo, y iv) que suponga un desequilibrio de poder[1].

En cambio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahora en adelante la SCJN, define el bullying como «todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente; realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas»[2]. No se incluye el elemento doctrinario la intencionalidad del agresor, a esta definición. Ello, puesto que se consideró que es sumamente difícil de probar, aunado a que a pesar de la intención que haya tenido el agresor, el daño se sigue causando. En cuanto al elemento doctrinario el desequilibrio de poder, no se consideró necesario su inclusión ya que la situación de desventaja está implícita en el hecho dañoso. Así también se refiere a que el acto u omisión debe ser reiterado, para excluirlos de los actos aislados, ello sin que sea necesario que los actos se prolonguen por tiempo determinado.

El bullying atenta en contra de los derechos a; i) la dignidad e integridad física, ii) la educación, y en ciertos casos iii) la no discriminación. La dignidad e integridad física se menoscaba toda vez que comprende tanto la integridad física como moral y el derecho a vivir sin humillaciones. La educación debe prestarse en un ambiente seguro y estimulante para los niños, lo cual no se cumple en casos de acoso escolar. Además, puede violentarse el derecho a la no discriminación en casos de bullying si éste se da en razón que la víctima pertenezca a una raza, situación económica, preferencia sexual o porque tenga alguna discapacidad. En el amparo objeto del presente estudio, toda vez que el menor sufría del Síndrome de Déficit de Atención con Hiperactividad y que dicha situación motivó la agresión, se consideró había discriminación.

Ahora bien, a través de criterios se ha establecido que los particulares se deben someter al cumplimiento de determinadas normas en cumplimiento de derechos humanos, así como el Estado sin que éste sea desplazado de su obligación[3]. De tal manera, la institución educativa ya sea pública o privada, o cualquier institución que interactúe con menores, se rigen por el principio del interés superior del menor. Consecuentemente se ve obligada a proteger los derechos del menor, entre ellos la dignidad, integridad, educación y no discriminación.

Los responsables de bullying son tanto el profesor o menor que haya cometido la acción u omisión que agreda a la víctima, así como la institución educativa que haya sido negligente para actuar en contra del acoso escolar. La escuela es quien responderá por daños atribuibles al incapaz o profesor, además de los propios, atendiendo la responsabilidad vicaria establecida en el artículo 1920 y 1924 del Código Civil Federal.

La responsabilidad civil puede ser contractual al emanar de un acuerdo de voluntades infringido, o extracontractual al incumplir del deber de no afectar a terceros. Ésta a su vez es objetiva por atender al daño cometido, o subjetiva por su carácter psicológico enfocándose en la conducta o negligencia. El bullying genera responsabilidad subjetiva ya que se atiende al acto u omisión ilícita del agresor y la negligencia de la institución educativa.

Para evaluar la responsabilidad subjetiva, la parte actora tiene que acreditar el acto u omisión ilícito realizado por el agresor, al igual que la negligencia de la institución educativa. De tal manera que para acreditar actos de agresión se debe corroborar «(1) el acoso a la víctima, es decir si se acredita la existencia del bullying y si éste puede atribuirse a agresores en específico (profesores o alumnos); (2) el daño físico o psicológico que sufrió el menor; y (3) el nexo causal entre la conducta y el daño»[4]. Y para acreditar las omisiones de la escuela se deberá corroborar «(1) La existencia del bullying, (2) la negligencia de la escuela para responder al acoso escolar, (3) el daño físico o psicológico, y (4) el nexo causal entre la negligencia y el daño»[5]. Cabe mencionar que por la misma complejidad del bullying y considerando el interés superior del menor, se justifican presunciones y estándares disminuidos para atribuir responsabilidad y valorar hechos constitutivos de bullying.

Primero se debe acreditar el bullying. Así entonces, conductas como la segregación, peleas, manipulación psicológica, burlas, provocaciones, el uso de apodos hirientes, la violencia física o la exclusión social[6] que se dan de manera más o menor reiterada son fuertes indicios de la existencia del acoso escolar. Dicho acoso se puede acreditar mediante peritajes en psicología y sociología realizados tanto a la víctima como al agresor al que se le atribuye el acto.

Ahora, la negligencia de la escuela para responder al bullying puede derivar del incumplimiento de una norma o que se haya incumplido un deber genérico de cuidado. Entre algunas normas que rigen a las escuelas para proteger los derechos de los niños están la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como la Ley General de Educación. Y algunos deberes generales de protección son «(1) garantizar que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas en materia de seguridad y supervisión adecuada; (2) hacer de conocimiento inmediato de las autoridades competentes de cualquier abuso o maltrato; de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente; y (3) tomar medidas concretas de protección»[7]. Mismas medidas que deben identificar, prevenir, tratar, reaccionar y sancionar el acoso escolar. En general las escuelas deben diagnosticar prevenir, intervenir y modificar positivamente la convivencia escolar.

Para probarse dicha negligencia, encontramos que en Estados Unidos la parte actora tiene la carga de la prueba para acreditar la deliberada indiferencia de la institución. Mientras, en España se invierte la carga de la prueba hacia la institución bajo el criterio de que ésta debe actuar como un buen padre de familia. La Primera Sala de la SCJN resuelve que una vez demostrado el bullying, es la institución escolar quien debe probar que cumplió con los deberes que rigen su actividad. Lo anterior atendiendo la dificultad para el actor probar el hecho negativo de negligencia y la facilidad probatorio para el instituto puesto que dispone de los medios de prueba.

El bullying puede generar tanto daño patrimonial como daño moral. Éste a su vez puede tener consecuencias patrimoniales y extrapatrimoniales, mismas que pueden ser presentes o futuras. Así pues se debe acreditar dicho daño. En Estados Unidos, para acreditar el daño moral además se debe probar que el acoso tuvo un impacto negativo en la educación en la víctima. En cambio, en España al acreditarse el acto de hostigamiento hay una presunción de daño moral al menor. Al respecto, la Primera Sala de la SCJN considera que el demandante es quien debe acreditar el daño moral, en concreto las afectaciones psicológicas, las cuales suelen probarse por medio de periciales.

Por último se debe acreditar el nexo causal. En cuanto a los profesores y alumnos se debe probar la relación entre el bullying y el daño en el menor. Respecto la institución educativa se debe acreditar que el cumplir con sus deberes hubiera evitado la afectación a los derechos de la víctima.

Una vez acreditada la responsabilidad, se entra al estudio de la reparación del daño. Al calcular ésta se debe atender la figura de la justa indemnización de la víctima así como el efecto disuasivo sobre la conducta.

En atención al principio del interés superior del menor, todo juzgador tiene la obligación de proteger los derechos de los niños de una manera más intensa por medio de medidas agravadas[8]. Mismo principio que se debe de ver reflejado a lo largo del procedimiento previamente analizado. Así también en protección al interés superior del menor es imperativo la lucha contra el acoso escolar. Para tal, la Primera Sala de la SCJN recomienda se creen ordenamiento más claros y específicos al respecto además de generar una estrategia de combate al bullying que contemple i) prevenir, ii) identificar, iii) impedir, y iv) apoyar y orientar, a fin de que tanto el Estado como padres de familia, profesores y docentes puedan actuar. Además, consideramos es imperativo las escuelas cuenten con un sistema que permita en determinado momento probar han cumplido con sus deberes, toda vez que tienen la carga de la prueba.


[1] Olweus, Dan. Bullying in the schools: How educators can help. The Education Digest, 53(7), 30. (1988) Disponible en <http://0-search.proquest.com.millenium.itesm.mx/docview/218185300?accountid=41938>

[2] Amparo directo 35/2014. 15 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

[3] DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.Localización: [J] ; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012; Tomo 2; Pág. 798. 1a./J. 15/2012 (9a.). Registro No. 159 936

[4] Amparo directo 35/2014. 15 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

[5] Ibid.

[6] Conductas relacionadas con el acoso escolar de acuerdo a la Guía para Docentes emitida por la UNESCO.

[7] Amparo directo 35/2014. 15 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

[8] INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. Localización: [TA] ; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 15, Febrero de 2015; Tomo II; Pág. 1397. 1a. LXXXIII/2015 (10a.). Registro No. 2 008 546