201509.11
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Libertad bajo fianza en el amparo de materia penal: una laguna legislativa

La suspensión del acto reclamado de amparo directo –en materia penal y si existe de por medio sanción de privación de la libertad– incluye el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución (fianza), si el quejoso la solicita y procede. No obstante, la caución de la Ley de Amparo, ¿debe seguir los lineamientos de procedencia de cierto Código de Procedimientos Penales? Al respecto, la Ley de Amparo arroja poco o nula luz.


La suspensión en el juicio de amparo es aquel proveído judicial creador de una situación de paralización o cesación, temporalmente limitada, de un acto reclamado de carácter positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo o iniciación, desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada paralización o cesación, sin que se invaliden los estados o hechos anteriores a éstas y que el propio acto hubiese provocado. En materia penal, la Ley de Amparo determina normas especiales. Se trae a colación en particular:

Art. 191.- Cuando se trate de juicios del orden penal, la autoridad responsable con la sola presentación de la demanda, ordenará suspender de oficio y de plano la resolución reclamada. Si ésta comprende la pena de privación de libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, por mediación de la autoridad responsable, la cual deberá ponerlo en libertad caucional si la solicita y ésta procede.

Si bien es cierto que el Constituyente Permanente había elevado a rango de norma constitucional el beneficio de la libertad provisional bajo caución antes de su reforma en el 2008, no debe perderse de vista que ésta difiere, hoy por hoy, de la facultad otorgada a la autoridad responsable en el juicio de amparo directo por el artículo 191 de la Ley de Amparo. El primero operaba durante el proceso, como se desprendía del propio artículo 20, apartado A, fracción I de la Constitución General de la República, que consagraba como una garantía de seguridad jurídica del inculpado, que en todo proceso de orden penal tuviese derecho a que, inmediatamente que lo solicitase, el Juez debía otórgale la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se tratase de delitos que por su gravedad la Ley expresamente prohibía conceder ese beneficio.

Lo anterior es así porque, como consecuencia de un proceso penal –concluido–, en el que existe una declaratoria de existencia de un delito sancionado con pena corporal, así como la declaratoria de responsabilidad del justiciable, éste ha dejado de tener el carácter de procesado y, al ser ahora sentenciado, el criterio aplicable para determinar la procedencia de la libertad caucional en la suspensión, relativa al amparo directo, habrá de ponderarse al tenor de la probabilidad de obtener una sentencia de amparo favorable, en atención a los principios del fumus boni juris y el periculum in mora. Deja, desde nuestro punto de vista, de tener aplicación la norma general contenida en el artículo 493 del Código de Procedimientos Penales que establece la improcedencia de la libertad provisional bajo caución tratándose de delitos calificados por la Legislación secundaria como graves.

No escapa al suscrito que esta cuestión ha sido ya ampliamente debatida en la doctrina y jurisprudencialmente ya ha habido un pronunciamiento[1]. Sin embargo, aquél fue realizado respecto de la Ley de Amparo abrogada, siendo otro el panorama constitucional actual y completamente diferente el marco jurídico de protección de los derechos humanos, respecto de la nueva Ley de Amparo vigente.

Antes de la reforma del año 2008 por la que se modificó el artículo 20 de la Constitución y por la que, en consecuencia, entró en vigor el nuevo sistema penal, la figura de la caución se encontraba regida en el mencionado artículo. La caución procedía siempre y cuando no se tratara de delitos graves en donde la Ley expresamente lo prohibiera, y en los casos no graves cuando el inculpado no hubiera sido ya condenado por delitos graves, o cuando se encontraran los elementos probatorios suficientes por los cuales no deba de proceder dicha caución. Con la reforma del artículo 20 se elimina la figura de la caución (penal) en el nuevo sistema de justicia penal y deja de tener rango constitucional, ya que dicho sistema está diseñado para que a la persona a la que se le impute el delito no sea encarcelado hasta que no se demuestre su culpabilidad, rigiendo el principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, 5 años después de la reforma al artículo 20 Constitucional, de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y de la derogación de la caución en materia penal, se crea el 2 de Abril de 2013 una nueva Ley de Amparo en donde se incluye una figura caucional, completamente distinta a la derogada de la Norma Suprema. Sería ilógico pensar que el Legislador de la Ley de Amparo ha tenido la intención de introducir en el sistema jurídico una figura caucional que ya no existía, en el artículo 191.

La figura que maneja la Ley de Amparo del 2013 en vigor no es la misma a la libertad caucional que se manejaba en la Constitución Política antes de la mencionada reforma del 2008, ya que de ser así el Legislador en un principio no la hubiera incluido nuevamente en la Ley de Amparo. Pensar de manera distinta y colegir que la ratio legis de la Ley de Amparo, en su artículo 191, hace referencia a la caución del antiguo sistema penal (ya abrogado) es atentar contra las características de toda Ley: generalidad, abstracción y permanencia, aplicables tanto a la existencia como a la inexistencia (derogación o abrogación) de una norma o sistema normativo.

La figura jurídica de la caución no es exclusiva de la materia penal. La Real Academia Española la define:

Del lat. cautĭo, -ōnis.

1. f. Prevención, precaución o cautela.

2. f. Garantía o protección prestada a alguien.

3. f. Der. Garantía que presta una persona u otra en su lugar para asegurar el cumplimiento de una obligación actual o eventual.[2]

En definitiva, ‘caución’ viene a ser sinónimo de ‘garantía’. Ocurre pues que existe un equívoco respecto del vocablo ‘caución’, es decir, es una palabra cuya significación gramaticalmente conviene o designa diferentes cosas. La caución o garantía es una figura procesal que pretende proteger los intereses de la parte de la cual se otorga favorablemente y que, en materia de amparo, son los terceros interesados. Así pues, puede haber cauciones civiles, penales, laborales y, en este caso, la caución pertenece a la materia de amparo.

Lo hasta ahora argumentado vale también si el quejoso ha seguido su proceso penal de primera y segunda instancia bajo el anterior sistema penal inquisitivo. Es menester aseverar que el juicio de amparo es un juicio independiente y autónomo[3] del proceso jurisdiccional del que se derive y solamente se le tiene como recurso de manera extraordinaria (recurso extraordinario de legalidad). Así pues, aunque el quejoso fuere procesado conforme al anterior sistema procesal, la garantía que solicite debe tramitarse respecto de los requisitos de procedencia del nuevo juicio que se suscita, es decir, el juicio de amparo, los cuales son independientes y autónomos de las leyes procesales de los que se derive el asunto.

Ahora bien, la Ley de Amparo vigente no reglamenta directamente la condiciones de procedencia de la figura caucional y, por lo demás, inaplica, al tratarse del orden penal, algunas reglas generales de la suspensión del acto reclamado (párrafo tercero del artículo 190 de la Ley de Amparo); por lo que resulta necesario acudir a la Legislación Civil en virtud de la supletoriedad que rige en materia de amparo. Por lo que, toda vez que, bajo ningún supuesto legal, ninguna Codificación Penal resulta supletoria en materia de amparo, es necesario acudir a los numerales del Código Federal de Procedimientos Civiles que estipulan condiciones de procedencia de medidas garantistas[4]. Ello es así porque la suspensión provisional del acto reclamado es una medida precautoria[5].

En adición, no escapa que el artículo 9 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, estipula que «[e]n todo caso en que este Código exija el otorgamiento de una garantía, ésta se otorgará con sujeción a las disposiciones de las leyes substantivas aplicables». Sin embargo, al aplicarse dicho precepto supletoriamente a la Ley de Amparo, en ningún momento se debe considerar que la disposición en cita reenvía, en la especie, a la Legislación Penal, por lo que ésta “sería indirectamente supletoria de la Ley de Amparo” y, en errónea consecuencia, se aplicarían las condiciones de procedencia de la caución penal –artículos 53 y 493 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León[6]–.

Y lo anterior es así, primero, dada la naturaleza autónoma del juicio de amparo como un juicio de protección de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. Es decir, la Ley sustantiva aplicable a la que reenvía el artículo 9 del Código Adjetivo Civil no es otra que la misma Constitución General, cuya Ley reglamentaria es la Ley de Amparo, que deviene una especie de Ley Adjetiva o eminentemente procesal. Segundo, no son aplicables los numerales 53 y 493 del Código Procesal citado porque el artículo 9 referido del Código Federal de Procedimientos Civiles reenvía a las «leyes substantivas aplicables», característica que no comparte una codificación adjetiva tal como lo es el Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León.

Era, en efecto, en el anterior marco legal previo a la reforma de 18 (dieciocho) de Junio de 2008 (dos mil ocho) del artículo 20 constitucional (y por la que desapareció la figura de la libertad caucional), en donde adquiría razón de ser el identificar la ‘caución de amparo’ con la ‘caución penal’, pues el reenvío de la anterior Ley de Amparo (hoy ya abrogada) remitía a la Constitución en cuanto legislación substantiva, y de donde adquiría vigencia la cuestión procesal de la procedencia de la caución en amparo como una fianza procesal penal: aplicar el mismo principio a la diversa situación actual (situación en donde encontramos una figura de libertad caucional constitucional abrogada y un nuevo marco de Ley de Amparo) trae una consecuencia opuesta, a saber, la desaplicación –en el juicio de amparo– del Código Adjetivo Penal del Estado que establece las condiciones de procedencia de la caución, aun y si el inculpado ha seguido su proceso según el anterior sistema inquisitivo de justicia penal.


[1] Cf. [Jurisprudencia]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Septiembre de 2005; Pág. 148. 1a./J. 110/2005. Registro 177262. [Tesis Aislada]; 6a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Volumen XXVI, Segunda Parte; Pág. 104. Registro 262426. [Tesis Aislada]; 5a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo CXXIX; Pág. 786. Registro 293436.

[2] Real Academia Española. “Caución”. En: Diccionario de la Lengua Española. Disponible en línea en: RAE <http://lema.rae.es/drae/?val=cauci%C3%B3n>.

[3] [Jurisprudencia]; 10a. Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 8, Julio de 2014; Tomo I; Pág. 545. PC.XVIII. J/2 P (10a). Registro: 2006887.

[4] Cf. Código Federal de Procedimientos Civiles. (D.O.F. 24 de Feb., 1943/ 9 de Abr., 2012). Art. 384 á 387.

[5] [Tesis Aislada]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Junio de 2006; Pág. 1218. IV.2o.A.32 K. Registro: 174836.

[6] Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León. (P.O.E. 28 de Mar., 1990). Abrogado: «Art. 53.- Las cauciones que se otorguen ante los Tribunales o el Ministerio Público, en su caso, se sujetarán a las reglas del Código Civil, y en lo conducente al Capítulo “Libertad Provisional Bajo Caución” de este Código.»

«Art. 493.- Con la excepción establecida en el artículo 194 de este Código, todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad provisional bajo caución, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos:»

«I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño.»

«Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte aplicándosele las disposiciones relativas a la Ley Federal del Trabajo.»

«En el caso de delitos que afectan la vida, el monto de la reparación será de tres tantos de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.»

«II. Que garantice el monto estimado de las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan imponérsele;»

«III. Que otorgue caución para el cumplimiento de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del proceso; y»

«IV.- Que no se trate de los casos de delitos graves previstos en las cuatro fracciones del artículo 16 bis del Código Penal.»