201508.31
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Cambio Climático: Medidas para controlarlo

Un factor que contribuye, aunque de manera negativa, al incremento del cambio climático, son los llamados Compuestos y Gases de Efecto Invernadero. Se tiene registro que  de 1971 al año 2005 las emisiones de estos gases han aumentado un 90% a nivel mundial. Ésta preocupante alza en dichas emisiones no debe pasar desapercibida.  Más aún, existen algunos aspectos jurídicos que las empresas emisoras deben tomar en cuenta.


El artículo 4º de la Constitución Mexicana establece «Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por esta Ley».[1], si bien nuestra Constitución consagra este derecho, surge un cuestionamiento importante, ¿qué ha hecho el Estado para realmente garantizar un medio ambiente saludable?

El 6 de Junio del año 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático, dicha Ley convirtió a México en el primer País en desarrollo en implementar un ordenamiento jurídico en la materia, la cual contempla la creación de diversos instrumentos de Política Pública con el objetivo de reducir el impacto ambiental en el País. Algunos ejemplos de dichas Políticas Públicas son: El Plan de Desarrollo Nacional; la Estrategia Nacional de Cambio Climático; la implementación del impuesto al carbono; el Programa Especial de Cambio Climático; y por último, la creación del Registro Nacional de Emisiones[2], el cual pareciera ser un instrumento vanguardista, ya que no sólo incluye la participación del Gobierno, sino también la del sector empresarial.

El Registro Nacional de Emisiones (RENE) –que nace por disposición de la Ley General de Cambio Climático– es una Política Pública con el objetivo de mitigar y reducir las emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero, que generan los sectores de energía, industria, transporte, agropecuario, de residuos y por último el sector servicios.

Sin embargo, está presente la interrogante acerca de cómo aplica lo establecido por el RENE. El artículo 88º de la Ley General de Cambio Climático, estipula que tanto las personas físicas como las morales, están obligadas a generar un reporte que detalle toda la información sobre las emisiones que generan a partir del desarrollo de sus actividades, ya sean empresariales o diarias, siempre y cuando igualen o sobrepasen las 25,000 toneladas de CO2 (dióxido de carbono o su equivalente) al año.[3]

La contribución de las empresas al RENE trae consigo beneficios recíprocos, ya que por un lado el sector empresarial realiza un reporte anual y por otro lado, el mismo obtiene ventajas tales como: gestionar y reducir las emisiones de carbono; identificar procesos ineficientes; mayor competitividad; y por último, la reducción e identificación de riesgos sanitarios[4]. Los beneficios que genera el RENE se traducen en la garantía para los ciudadanos de desenvolverse en un medio ambiente saludable.

Para garantizar el cumplimiento del reporte anual, la Ley General de Cambio Climático en los artículos 114º y 115º establece la sanción a la que se vuelve acreedora una empresa o establecimiento que no realice el reporte, dichas sanciones van desde los 500 hasta los 3,000  días de salario mínimo (vigente en el Distrito Federal) por incumplimiento en tiempo y forma; y de 3,000 a 10,000 días de salario mínimo por presentar información falsa.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es el órgano administrativo encargado de vigilar el cumplimiento de todas las disposiciones legales en materia ambiental, así como la autoridad facultada para imponer las sanciones respectivas por violaciones a las Leyes Ambientales. La preocupación por parte de la PROFEPA en materia ambiental la ha llevado a discutir con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una propuesta legislativa para la creación del Código Ambiental Único[5], en el cual se pretende estipular sanciones más severas para aquellos que generen un daño al medio ambiente, ya que hoy en día los delitos ambientales no son considerados como graves y por lo tanto son “subsanables” con el pago de una fianza.

Estimamos que con la implementación de Políticas Públicas, tales como el Registro Nacional de Emisiones, México avanza en materia ambiental y desarrollo sustentable, lo cual genera bienestar social y se traduce en beneficios económicos tanto para el País como para los empresarios, al modificar sus procesos y hacerlos más funcionales con el fin de cumplir con la Ley y contribuir en la preservación del Medio Ambiente.

Por lo tanto, cumplir con las metas del RENE (disminuir en un 30% las emisiones para el año 2020 y en un 50% para el año 2050[6]) debe ser un tema que no sólo le preocupe al Gobierno Federal, si no que genere interés social y de los sectores empresariales para tener la seguridad de vivir en un País de calidad.


[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F 5 de Feb., 1917/ 10 de Jul., 2015).

[2] Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Guía de Usuario. Registro Nacional de Emisiones (RENE) para el Reporte de Emisiones de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero. México, SEMARNAT, 2012, p. 10. Disponible en línea: <http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/guia_rene.pdf > (Consulta: Ago 28, 2015).

[3] Ídem., p. 13.

[4] Ídem., p. 15.

[5] Ramos, José Luis.  “Anuncian Código Ambiental Único”. Ciudad de México: 3 de Abril., 2014. Disponible en línea: 24-horas.com <http://www.24-horas.mx/anuncian-codigo-ambiental-unico/>. (Consulta: 28 de Ago., 2015).

[6] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales., Ob. Cit., p. 18.