201508.21
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Prevención de la violencia

En los últimos años se ha vivido una gran ola de violencia. México es conocido como un país con un alto índice de inseguridad, corrupción y tráfico de drogas, por lo que en el año 2014 la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) trabajaron de manera conjunta en el diseño de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED). ¿Será la indicada encuesta una verdadera herramienta para la elaboración de políticas públicas?


Cuando se habla de la violencia, resulta interesante y polémico a su vez. La violencia es parte de la sociedad. Se encuentra históricamente el sometimiento entre gobernante y gobernado, padre e hijo, maestro alumno entre otros. Y por otro lado, subsiste el discurso de la lucha por la  paz.

La familia es el núcleo de la sociedad y por eso es de vital importancia el asunto de la violencia intrafamiliar, no solamente por el daño en el núcleo sino por las cuestiones que pueden causar en la sociedad, como la desintegración de los valores, la disolución del núcleo y como consecuencia el incremento a la delincuencia.

Sin lugar a duda la familia es donde el ser humano empieza a conocer los valores y donde se forma como ser humano, si ésta se encuentra fragmentada empiezan los problemas en el individuo los cuales se verán reflejados en la sociedad, ya que se tiene una realidad distorsionada de lo que es un ambiente de “amor” y “respeto”. Durante mucho tiempo el gobierno, al saber de la existencia de la violencia y no hacer nada al respecto era cómplice de lo que sucedía, al no imponer sanciones o medidas para la prevención de ésta.

En el año 2012 la SEGOB realizó un análisis de la información pública disponible para medir los factores de riesgo asociados a la generación de violencia y delincuencia obteniendo como resultado la necesidad de información más precisa, por ello en el año 2014 el INEGI levantó la ECOPRED con jefes de hogar y jóvenes de 12 a 29 años en 97,754 viviendas de 47 ciudades, entre ellas siete zonas metropolitanas, en las 32 entidades Federativas. 

La ECOPRED es la primera encuesta en su tipo a nivel internacional que ofrece estimaciones a escala nacional sobre factores de riesgo que enfrentan especialmente los jóvenes de 12 a 29 años en sus contextos individual, familiar, escolar, laboral y comunitario, entre los que se encuentran el acoso escolar, maltrato físico, robo con o sin violencia, amenazas, extorsión y violencia sexual.

Algunos de los principales resultados fueron:

  • En promedio y de lunes a viernes en los hogares biparentales las madres conviven con sus hijos 6 horas y 26 minutos, mientras que los padres lo hacen 4 horas con 34 minutos.
  • En los hogares mono parentales, el tiempo de convivencia es de 5 horas 52 minutos en el caso de las madres, y de 5 horas 12 minutos en el caso de los padres.
  • La mitad de los hogares con jóvenes de 12 a 29 años se registran situaciones de conflicto o peleas entre miembros del hogar.
  • El 44.2% de los hogares que presentan situaciones problemáticas en términos de convivencia, los miembros del hogar se evaden mutuamente para no pelear.
  • Entre las principales causas de conflicto o peleas se encuentra la de no cumplir con las tareas del hogar seguida de los problemas de convivencia entre hermanos.
  • Durante el 2014 se generaron 19.8 millones de delitos y actos de maltrato asociados a 4.5 millones de víctimas de 12 a 29 años en las 47 ciudades de interés. Lo que representa 4.4 delitos y maltratos por cada joven victimizado.

Al haber analizado los resultados que arrojó la ECOPRED, surge la interrogante ¿Qué está haciendo el Estado para la prevención de la violencia?¿Es el Estado responsable de prevenir la violencia?  El 30 de abril del año 2014 en el Diario Oficial de la Federación salió publicado el programa Nacional para la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia por parte del gobierno de la República.

La violencia y la delincuencia son situaciones que amenazan los derechos humanos ya que afectan la construcción de una persona, incluyendo dentro de ésta la seguridad ciudadana, y el bien público.

En los últimos años se registró en el país un incremento de la violencia y la delincuencia lo que impactó fuertemente  los niveles de inseguridad de la población; sin embargo, no surgieron más delitos, sino que éstos fueron más violentos.  El 49% de personas entrevistadas considera que las leyes no se cumplen, que los principales problemas son la corrupción, la tardanza y la impunidad. Solo 1 de cada 100 delitos cometidos en el país reciben castigo.

La corrupción que se vive en México es sin duda el motivo por el cual la delincuencia en México ha ido en aumento. Se podría decir que existe en México un pacto de impunidad entre el gobierno y el delincuente. En países donde se ha dado el tipo de corrupción que se vive en México, lo han combatido gracias a la presión internacional y la presión de la sociedad.

Al analizar qué influye en la violencia y la delincuencia, se pueden considerar varios factores como: el embarazo temprano, consumo de drogas, ambientes familiares, deserción escolar, falta de oportunidades laborales, pobreza, ilegalidad y/o corrupción, espacios públicos insuficientes, discriminación.

Los programas que ha implementado o ha pretendido implementar el Gobierno Federal para lograr combatir los problemas que afectan a la sociedad son para una sociedad utópica, en donde lo que se pretende lograr “suena muy bonito”;  sin embargo,  no se logra establecer los procedimientos o las acciones que se llevan a cabo para el logro de los objetivos. Citamos por ejemplo el programa nacional México en Paz en donde el objetivo era mejorar las condiciones de seguridad y justicia, incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social mediante su participación y desarrollo de competencias.

A pesar de que se han invertido grandes cantidades del presupuesto de egresos a programas para la prevención de la delincuencia, estos no han sido los suficientes para lograr un verdadero cambio, sin dejar de tomar en cuenta, si verdaderamente dicho recursos han sido implementados a dicho programa.

En el año 2015, el presupuesto de egresos incluía la cantidad de $4,893´949,427 para el otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los Estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad públicas, $2,759’125,600 para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas que cuenten con programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial, para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial, y $2,683’230,000 para el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

Sin embargo es de preocuparse que los fondos destinados para la seguridad pública y para la prevención de violencia hayan sido insuficientes para combatir el índice de violencia que vive nuestro país. Sin lugar a dudas, las políticas públicas no han sido las suficientes. Jurídicamente éstas deben ser un ejercicio de racionabilidad. ¿Podrá el administrado exigir judicialmente dicha racionabilidad cuando percibe que esta ausente?