201507.03
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Aspectos legales de Uber

La oposición de los prestadores del servicio público de transporte hacia las nuevas plataformas móviles para el mismo servicio, tal y como Uber, consideramos conlleva a una confrontación de derechos de trabajo e igualdad contra los derechos de libre concurrencia y competencia.


Hoy por hoy existen en el mercado nuevos servicios de transporte por medio de plataformas móviles, como lo son Uber y Cabify. Dichos servicios han encontrado resistencia para su integración al mercado por parte de integrantes del servicio de transporte público, así como algunas autoridades, en México y en otros países.

El servicio de transporte se clasifica en privado y público; este último a su vez en colectivo e individual, es decir los taxis. En atención a procurar las mejores condiciones para la prestación del servicio de transportes, la gran mayoría de los gobiernos regulan, a nivel local, dicho servicio. Lo anterior implica la obtención de una concesión, una licencia, un permiso, unas placas, así como respetar las tarifas, entre otras cuestiones.

Las Empresas de Redes de Transporte basadas en aplicaciones móviles, ERT, como las llama la Comisión Federal de Competencia Económica, son aquéllas <dedicadas a mediar el acuerdo entre usuarios y proveedores de servicios de transporte a través de aplicaciones en teléfonos móviles>[1]. Dichas empresas ofrecen al consumidor una mayor seguridad, limpieza, atención, transparencia, certidumbre en los tiempos de espera y elección eficiente de rutas. Las ERT adquieren dos modalidades; I) Plataformas complementarias, las cuales te conectan con taxistas en la modalidad de servicio público, por ejemplo Easytaxi y Yaxi; y II) Plataformas independientes, las cuales te conectan con conductores que ofrecen servicios particulares, por ejemplo Uber y Cabify.

Los ERT no se encuentran regulados toda vez que la tecnología e innovación sobrepasaron la regulación existente de los servicios de transporte. Al momento que las plataformas independientes salen al mercado, los integrantes del servicio de transporte público se oponen a éstas ya que consideran deben sujetarse a su misma regulación, que implica el otorgamiento de una concesión y el de una licencia, entre otros requerimientos, sin mencionar los temas políticos.

La oposición de las ERT se ha presentado en países como Colombia[2], España[3], Francia[4] y Alemania[5]. En México, las ERT, al ser materia de regulación local, enfrentan oposición en diversos lugares como; I) Querétaro, en donde se han decomisado los vehículos que trabajan bajo esta plataforma; II) Monterrey, en donde el congreso legislativo del Estado actualmente se encuentra divido en cuanto a una iniciativa para legislar las ERT; III) D.F., en donde un grupo de oposición ni siquiera se conformaría con que su regulación como servicio público sea menor para así competir con las ERT, si no que éstas se adhieran a su regulación; y IV) las zonas Federales como son los aeropuertos, en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte requiere que cuenten con los permisos correspondientes. En todos estos lugares la oposición considera que las ERT, en específico las plataformas independientes, no cuentan con la regulación que se le exige al servicio público y por lo mismo genera una competencia desleal.

Contrario a lo anterior, el pasado 4 de junio la Comisión Federal de Competencia Económica emitió la opinión OPN-008-2015[6] en la que recomienda se reconozca como una nueva modalidad a las ERT y que su marco normativo se limite a tutelar objetivos públicos elementales en materia de seguridad y protección del usuario. Ello para proteger la libre competencia y la calidad de servicio ofrecido a la sociedad. De la misma manera, ciudades en Estados Unidos como Chicago, Houston, San Antonio, Washington DC, Seattle y California han modificado su regulación para no interferir en el desarrollo de las ERT.

De este modo, creemos que la disputa alrededor de las plataformas como Uber es una confrontación entre los derechos de trabajo e igualdad de los prestadores del servicio público a competir bajo un mismo plano, y los derechos a la libre concurrencia y competencia de este tipo de plataformas para ofrecer un servicio de calidad en favor del interés general.

Bajo este supuesto, consideramos que atendiendo el interés general y el derecho de la  sociedad a escoger su modo de transportación, así como los beneficios que traerá consigo la competencia en la calidad de los servicios de transporte, las plataformas tipo Uber deben prevalecer aún y sobre aquellos derechos de los particulares[7], por lo cual las ERT se deben integrar al mercado y contar con su propia regulación limitada a proteger los derechos del usuario.


[1] Comisión Federal de Competencia Económica. OPN-008-2015 emitida el 4 de junio del 2015. Disponible en línea: COFECE < http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Mercados%20Regulados/V6/16/2042252.pdf>

[2] Con fecha 2 de octubre de 2014, el Ministerio de Transporte de Colombia emitió una carta a los representantes de las ERT en la que manifiesta que solamente las empresas habilitadas pueden ofrecer la contratación del servicio de transporte.

[3] Con fecha 9 de diciembre de 2014, el Juzgado 2ndo de lo Mercantil de Madrid emitió una orden por la cual ordenó la supresión y prohibición de las actividades de Uber en España con base en la consideración de que las actividades de intermediación entre transportistas sin licencia y usuarios ocasionaban un daño a los taxistas demandantes.

[4] El 31 de marzo de 2015, la Corte de Apelaciones de Paris resolvió en contra de una ERT que impugnó la constitucionalidad de la Ley Thevenoud, que restringe el uso de plataformas tecnológicas y prohíbe la prestación del servicio sin las licencias exigidas. Las autoridades administrativas de Francia han mostrado, asimismo, oposición a las ERT.

[5] Una ERT ha enfrentado demandas en Hamburgo, Berlín y Frankfurt; en dos ocasiones, las demandas originadas en Frankfurt han llevado a prohibiciones nacionales de sus servicios después de que una corte determinara que el servicio se presta sin los permisos requeridos.

[6] Comisión Federal de Competencia Económica. OPN-008-2015 emitida el 4 de junio del 2015. Disponible en línea: COFECE < http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Mercados%20Regulados/V6/16/2042252.pdf>

[7] CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. SU OBJETIVO FUNDAMENTAL ES LA SATISFACCIÓN DEL INTERÉS SOCIAL. Localización: [TA]; 10ª. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación; I.1º.A.104 A (10ª); Publicación: Viernes 26 de junio de 2015 09:20 h Registro No. 2 009 506