201507.01
Off
0

Las víctimas del robo de identidad: Cuentahabiente y banco

El robo de identidad, o bien la suplantación de identidad, es un delito discreto que ha venido a la alza a raíz del auge del comercio electrónico y las nuevas ciencias de la productividad y tecnología. Durante el 2012, en Nuevo León se presentaron ante la Condusef 7,469 controversias de instituciones de crédito consistentes en emisiones no solicitadas de tarjetas de crédito, consumos no reconocidos e incluso disposiciones en ventanillas no realizadas por el cuentahabiente. Si bien todo apunta a que el perjudicado sea quien “pierde” su identidad, la verdad es que en todo robo de esta índole hay más que solo una víctima.


Aunque es cierto que los pasos agigantados de la innovación han resultado en un sinfín de facilidades para la sociedad, sería imprudente estimar que, en una era digital, los datos personales virtuales estén siempre bien resguardados de ataques cibernéticos. En las manos equivocadas, esta información intangible tiene el potencial para devastar mucho más que el historial crediticio de un cuentahabiente. Tal es el caso que, entre los países latinoamericanos, el Estado Mexicano ocupa el tercer puesto respecto a la incidencia del ilícito comúnmente llamado como “robo de identidad”[1]. Desagradablemente, esta actividad suele acontecer por descuidos imperceptibles (no todos atribuibles al titular de la cuenta) y que pasan inadvertidos hasta que el daño es colosal.

De acuerdo con una estimación de parte de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, el tiempo promedio que una persona invierte en recuperarse de un robo de identidad es alrededor de 6 meses[2]. No obstante, esto puede variar.

Un individuo deposita su dinero en una institución de crédito y tiempo más tarde aparece un sujeto distinto que, haciéndose pasar como el primero mediante ardides, retira un monto que no le pertenece. El cuentahabiente sale ciertamente perjudicado pero éste tiene la posibilidad de recuperar lo perdido frente al Banco. El primer párrafo del artículo 91 de la Ley de Instituciones de Crédito estipula que estas «responderán directa e ilimitadamente de los actos realizados por sus funcionarios y empleados en el desempeño de sus funciones, así como por los actos celebrados por quienes ostenten algún cargo, mandato, comisión o cualquier otro título jurídico que aquéllas hubieren otorgado para la realización de sus operaciones»[3].

La postura que busque deslindar de responsabilidad a la institución bancaria y arrojar el dilema al particular no debe prosperar; al tiempo que los datos de un tercero son usados para defraudar, desde el punto de vista penal, la entidad financiera es la víctima y ésta debe perseguir al perpetrador del ilícito[4].

Dicho con otras palabras, si lo controles internos de la institución en comento operan de manera adecuada, no habría lugar a una desavenencia. Pero si por impericia se lesiona el patrimonio del cuentahabiente, entonces la entidad bancaria tiene la obligación de resarcir los daños y, después de ello, podrá repetir en contra del criminal.

Óbice para lo anterior es el hecho de que a nivel federal no exista aún disposición alguna que contemple esta actividad. De entre los Estados de la nación, Colima fue el primero en legislar al respecto y, en mayo del 2009, agregó la fracción séptima al artículo 234 de su Código Penal[5]. Nuevo León demoraría 4 años más en tipificar el delito de suplantación de identidad, mismo que es cometido por “quien se atribuya por cualquier medio la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar la suplantación de su identidad, produciendo con ello un daño moral o patrimonial u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona[6].  Este delito se puede llegar a sancionar con pena privativa de libertad de hasta 8 años en tándem con una multa de hasta 140 mil 200 pesos. Lamentablemente, la severidad de la pena no logra disuadir un ilícito que poco se denuncia y menos aún se persigue con efectividad.

Diferente situación se puede apreciar en los Estados Unidos. Si bien los bancos contratan seguros para reponerse de cualesquier eventualidad, la Ley de Transferencias Electrónicas de Fondos busca auxiliarlos[7].  En ella se dispone que la responsabilidad de las instituciones de crédito para con sus cuentahabientes va en función de qué tan rápido detecte este último el uso indebido de sus datos personales. Verbigracia, de llegar a notificarse en los primero dos días hábiles, la responsabilidad del cuentahabiente se topa en 50 dólares pero al cabo de 60 días la responsabilidad puede volverse ilimitada.  

Todo lo anterior se condensa al reconocer que los bancos son verdaderas víctimas, quizá no idénticamente como lo es el cuentahabiente, pero de igual modo deben sobrellevar el menoscabo patrimonial.


[1] Venegas, Nadia. Robo de identidad, un delito sin estadísticas. México. 2013. Disponible en línea en: http://www.milenio.com/monterrey/Robo-identidad-delito-estadisticas_0_133786917.html

[2] Identity Hawk. How Long Does It Take to Recover From Identity Theft? Estados Unidos de América. 2015. Disponible en línea en: http://www.identityhawk.com/identity-theft-recovery-time

[3] Ley de Instituciones de Crédito. (D.O.F. 18 de Jul., 1990 / 10 de Ene., 2010).

[4] Cf. Martínez Medrano, Gabriel. En: Fraude Bancario y robo de identidad. Argentina. Selected Works. 2008. Pág. 2. Disponible en línea en:  http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1047&context=martinezmedrano

[5] Código Penal para el Estado de Colima. (P.O.E.  27 de Jul., 1985/ 25 de Nov., 2010).

[6] Código Penal para el Estado de Nuevo León. (P.O.E.  26 de Mar., 1990/ 29 de Oct., 2014).

[7] Electronic Fund Transfer Acter. (U.S. Government Publishing Office. 10 de Nov., 1978). Disponible en línea en: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg3641.pdf