201506.25
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La dictadura del Poder Judicial: inconstitucionalidad de las causales para la disolución del vínculo

El 25 de Febrero de 2015 la Primera Sala de la SCJN resolvió la Contradicción de Tesis 73/2014, de la cual derivó la tesis jurisprudencial 28/2015 de la Décima Época. Aunque la aplicación de dicha jurisprudencia no resulta aún formalmente obligatoria en los términos que establece la Ley de Amparo. Los Juzgados Familiares han comenzado a aplicar el criterio, pues en la mencionada jurisprudencia se están interpretando derechos humanos relacionados con la dignidad humana.


El 25 de Febrero de 2015 la Primera Sala de la SCJN resolvió la Contradicción de Tesis 73/2014, de la cual derivó la tesis jurisprudencial 28/2015 de la Décima Época cuyo rubro es: DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). Luego, aunque la aplicación de dicha jurisprudencia no resulta aún formalmente obligatoria en los términos que establece la Ley de Amparo, esto, ante la circunstancia de que actualmente se encuentra pendiente su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, los Juzgados Familiares han comenzado a aplicar el criterio, pues en la mencionada jurisprudencia se están interpretando derechos humanos relacionados con la dignidad humana.

Ahora bien, ¿qué dice la Jurisprudencia?

El sistema de causales para obtener el divorcio, existente en la mayoría de las entidades federativas, consiste en una medida legislativa que restringe injustificadamente el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, cuyos únicos límites son el orden público y los derechos de terceros.

Consecuentemente, las legislaciones que exigen la acreditación de causales para la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento, incide en el desarrollo de la libre personalidad, resultando en la inconstitucionalidad de los artículos que restringen el derecho a elegir en forma libre y autónoma el estado civil que les permita la consecución de su proyecto de vida.

¿Qué pasa con las instituciones del divorcio que se encuentran supeditadas a la declaración de un cónyuge culpable en la legislación civil de las entidades federativas?

Esta pregunta la tenemos muchos, incluso el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena plantea este cuestionamiento en el cuerpo de su voto particular.

La Primera Sala aclara que las “instituciones del derecho familiar, en las cuales resulta relevante la figura de “cónyuge culpable”, no resultan afectadas por la inconstitucionalidad del sistema de divorcio a través de causales”, tan es así que en la mayoría de los casos estas instituciones funcionan de manera independiente al sistema de causales, además de existir varios precedentes que algunas de estas instituciones no deben relacionarse con la culpabilidad de los cónyuges:

  • Indemnización a la que tiene derecho el cónyuge que se dedica preponderantemente al hogar durante el matrimonio. La pensión compensatoria puede otorgarse con independencia de la culpabilidad o inocencia de los cónyuges, pues tiene como finalidad proteger a quienes en la relación de pareja se encuentran en una situación de desventaja económica por haberse dedicado preponderantemente al hogar.
  • Indemnización por hecho ilícito. Es un caso de responsabilidad civil extracontractual que requiere cumplir los requisitos de cualquier acción de este tipo, por lo que tampoco está en absoluto condicionada a la declaración de culpabilidad de uno de los cónyuges.
  • Donaciones recibidas con motivo del matrimonio. Puede subsistir la figura de cónyuge culpable, únicamente para el efecto de que el cónyuge inocente pueda probar alguna causal, y en consecuencia, decretarse la pérdida de las donaciones.
  • Alimentos. Los alimentos no pueden condicionarse ni decretarse en función de la culpabilidad de alguno de los cónyuges, pues los alimentos tienen como fundamento la solidaridad que debe manifestarse entre las personas con algún vínculo familiar[1].
  • Guarda y custodia. No se considera la inocencia o culpabilidad de los cónyuges, interés del menor constituye el límite y punto de referencia.
  • Impedimento para contraer matrimonio. Esta sanción era ya inconstitucional también por la limitación injustificada del derecho al libre desarrollo de la personalidad (igual que el condicionamiento del divorcio a las causales).

Resulta inconstitucional la exigencia de acreditar una causal de divorcio, los jueces de instancia deberán decretar el divorcio sin que exista cónyuge culpable. Sin embargo, dentro de una demanda de divorcio necesario se podrán invocar las “causales” como instituciones independientes a la declaración del divorcio. Las consecuencias que regirán la situación jurídica en que habrán de quedar las partes por virtud del divorcio no están supeditadas a la declaración de un cónyuge culpable.

El 12 de Junio de 2015 se publicó una Jurisprudencia de rubro:

DIVORCIO. AL SER PROCEDENTES LAS CAUSALES PLANTEADAS EN EL PRINCIPAL Y EN LA RECONVENCIÓN, EL JUZGADOR DEBE PRONUNCIARSE RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS RELATIVAS A CADA UNA Y NO PONDERAR CUÁL DE ELLAS DEBE PREVALECER.

La citada jurisprudencia deriva de la Contradicción de Tesis 3/2013, resuelta por el Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito. Estudiando este criterio a la luz del reciente pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las causales para la disolución del vínculo matrimonial, es pertinente señalar que bajo el principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias, los jueces de instancia están obligados a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos, por lo que al declarar la disolución del matrimonio, sin poder exigir al cónyuge que acredita alguna de las causales, deberá determinar también las consecuencias a las que se harán acreedores los cónyuges, en su caso, con independencia de su culpabilidad o inocencia.

Sin embargo, no hay que olvidar que a la fecha la legislación civil de la mayoría de las entidades federativas mantienen en letra el sistema de causales, cada una de ellas con efectos jurídicos diversos y reglas que prevén sus consecuencias. Por lo que, como bien menciona el Ministro en su voto particular, se hace necesaria la interpretación conforme de los preceptos, “pues de otro  modo se pierde de vista que el sistema de causales tiene una función específica en el derecho de familia y trae aparejadas consecuencias” en las legislaciones de la mayoría de los Estados. Si bien es cierto que la Sala defiende la independencia de las instituciones como alimentos, custodia, compensación y otros efectos supeditados a la declaración de “cónyuge culpable”, también lo es que la independencia de las instituciones que mencioné en líneas que preceden se sustenta en tesis aisladas y pronunciamientos realizados en casos particulares que aún no constituyen fuente formal de derecho que sustituya lo dispuesto por la legislación vigente en los Estados.

La jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en virtud del artículo 217 de la Ley de Amparo. Si la jurisprudencia se aparta de lo dispuesto por las Legislaturas de los Estados, ¿no será que nos encontramos ante una invasión de competencias? ¿Y una invasión de poderes?

Estamos en manos en una dictadura del Poder Judicial. Podría decirse que la resolución en comento abre un gran limbo jurídico colocando a los litigantes y abogados postulantes a la veleta del querer de un juez respecto a la incertidumbre entre la letra de Ley y la interpretación de la Ley (la jurisprudencia). Una vez más el poder de la jurisprudencia se antepone al peso de los poderes constituidos y a la clásica división de poderes.


[1] Registro: 2003218.