201506.10
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La educación: Sobre la balanza del poder

La aplicación de evaluaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública, para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes educativos correspondientes a la educación básica y media superior, la cual forma parte de la reforma educativa, pone en entredicho quién tiene la rectoría sobre la educación en México.


La CNTE inicia en el año de 1979 bajo la necesidad de organizar a los trabajadores de la educación en una exigencia de democracia sindical ante las prácticas corruptas del charrismo. Profundamente anclada en la lucha de clases, con frecuencia escuchamos sobre su disposición de pugnar a favor de la clase trabajadora. No obstante lo anterior es necesario debatir si un derecho tan sensible como el de la educación es objeto de pugna clasista.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3ero establece el derecho que tiene todo individuo a recibir educación. La disposición en comento establece el poder que tiene el Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria en toda la República Mexicana. Claro está que el bien jurídico protegido constitucionalmente no es solo la educación sino su calidad.

Asimismo, el artículo 123 de nuestra Carta Magna sobre los trabajadores del Estado establece que «la designación del personal se hará conforme a un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes (…) gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad (…)»[1]. El Constituyente Permanente ha querido que los trabajadores del Estado deban poseer las aptitudes para lograr impartir educación de buena calidad.

A finales del año 2012 se promovió la reforma educativa (de la que arriba hicimos mención).  Se establece que la determinación de la permanencia y promoción de los maestros que son parte del sistema público, así como el ingreso de nuevos maestros estará a cargo el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Recientemente la Secretaría de Educación Pública decidió suspender indefinidamente la aplicación de las evaluaciones que se llevarían a cabo por parte del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación a los maestros de educación básica y media superior. La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública indicó en su comunicado que la suspensión de las evaluaciones se deben a que hay “nuevos elementos a considerar” sin establecer más detalles sobre éstos.

Surge la pregunta, ¿en realidad quién tiene el control de la calidad de la educación que reciben los niños de México? ¿El Ejecutivo, como se establece en la Constitución, o un grupo de maestros que desean mantener su poder?

Asimismo, los actos de vandalismo que han estado ocasionando los miembros de la CNTE en diversos Estados de la República Mexicana y las amenazas de boicotear las pasadas elecciones, ¿demuestran un temor a no aprobar el mencionado examen?

El Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal decretó que los maestros tendrán que realizar su evaluación docente en los tiempos establecidos por la autoridad responsable. Éste suspendió provisionalmente la decisión de la Secretaría de Educación Pública en donde serían aplazadas por un tiempo las evaluaciones.

A través de los exámenes se va a medir la calidad docente de los maestros que imparten clases en esta sociedad, atendiendo a lo que dice la Constitución; por eso consideré que sí debía otorgarse la suspensión para que no se paralice la realización de estos exámenes, se debe continuar con los mismos[2].

El amparo que dio lugar a dicha resolución provino de una organización civil Mexicanos Primero, luego de que la Secretaría anunciara la suspensión provisional de dichos exámenes. En la especie, es difícil establecer quién tiene la rectoría material de la educación. Sin embargo, es de tomar en cuenta la estrategia utilizada por la Secretaría de Educación Pública: primeramente decide frenar las evaluaciones; deja pasar las elecciones y,  terminadas éstas, determina reanudar los planes para que los próximos 20, 21 y 22 de Junio se desarrollen las evaluaciones previstas como punto toral de la reforma educativa. Muy discutible resulta ser esta “estrategia” de la Administración y, desde nuestro punto de vista, llena de aspectos netamente políticos. 

En la teoría del control del poder de M. Aragón existen dos tipos de controles institucionalizados, el control político, en donde éste corresponde a la parte subjetiva del control, y el control jurídico, que se refiere a un control más bien de tipo objetivo, ejercido por órganos técnicos especializados. K. Loewenstein, por su parte, establece que los agentes de control son los encargados de que se cumpla lo que está en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos (controles intraorgánicos e interorgánicos). Al analizar la “lucha” entre la CNTE y la Secretaría de Educación Pública se podrá determinar en realidad si el control político está haciendo su labor o si la CNTE tiene mayor poder sobre ésta, o si más bien, en el tema del derecho humano a la educación, se debería hablar mejor de controles jurídicos que de políticos.


[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Promulgada 5 de Feb., 1917/ 14 de Ago, 2001).

[2] Andrea, Deydén. “Revés para la CNTE, un juez ordena continuar con la evaluación docente”. Ciudad de México: Junio 9, 2015. Disponible en línea: mexico.cnn.com/, Nacional

 <http://mexico.cnn.com/nacional/2015/06/08/reves-para-la-cnte-un-juez-ordena-realizar-la-evaluacion-docente> (Consulta: Junio 9, 2015).