201506.10
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Fracaso del partidismo mexicano

Momento histórico es el que se vivió el pasado 7 de Junio de 2015. Nuevo León se convierte sin duda alguna en foco de referencia y en un precedente importante respecto de la reforma político electoral: las candidaturas independientes. Ello es tan sólo una hebra de una madeja muy intrincada.


Ante un panorama socioeconómico muy sombrío (el dólar por las nubes, el petróleo por los suelos y con las heridas de Iguala y Ayotzinapa aún abiertas) el padrón electoral salió a votar en un 49% –una participación bastante elevada si se considera que se trataban de unas elecciones intermedias–.

Resulta imperioso –casi necesario– hacer un breve comentario respecto de lo sucedido el pasado 7 de Junio de 2015. Si bien, las opiniones que en este espacio se publican están lejos de tomar posición respecto de cualquier tinte político, no es de poca monta lo que a todas luces representa un nuevo paradigma en el Derecho mexicano.

Lejos del hartazgo anti-partidista, el triunfo de las candidaturas independientes también radicó en la transparencia, empatía social o carisma que cada uno de los candidatos independientes hubo logrado: varios casos emblemáticos demuestran, por ejemplo, que es posible armar una campaña con un presupuesto mínimo y, además, ganarla. ¿El anti-partidismo representa el ingrediente esencial del resultado en cada caso? Ello es discutible.

La reforma político electoral es un tema ya muy manoseado y que se ha construido en diferentes momentos desde el 2009. Sin embargo, es de recordar que –es nuestra opinión– dicha reforma descansa en varios pilares: las consultas ciudadanas[1], las iniciativas preferentes por parte del Ejecutivo[2] y las candidaturas independientes[3] (estas 2 últimas son modificaciones constitucionales que datan en realidad del 2012).

La diversidad de instituciones y de normas allegadas con la reforma en comento ha convertido al Derecho electoral en una verdadera especialidad. Destacan de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 10 de Febrero de 2014 la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Todas estas normas entretejerán la parte litigiosa post-elecciones que ahora se viene encima: la parte de la revisión electoral.

Pero más allá del inminente periodo de revisión e impugnaciones en materia electoral, corazón del cotilleo político, es menester no afrontar la realidad política venidera con un semblante del todo triunfalista. Lo cierto es que el próximo Gobernador de Nuevo León, así como el resto de quienes contendieron como candidatos independientes y obtuvieron su curul tienen un gran reto político: lograr los consensos en un panorama dominado –todavía– por los partidos políticos.

En el marco jurídico actual es difícil ser candidato independiente y más difícil es contender siéndolo. Con todo, lo auténticamente heroico radica en haber ganado una elección y demostrar la valía jurídico-política de la propia candidatura independiente.

Lo sucedido el pasado 7 de Junio de 2015 lanza un claro mensaje –repetimos lo que politólogos y periodistas han declarado sin cesar en los medios y que representa un axioma ante las circunstancias actuales–: la hora de los candidatos independientes ha llegado y parece haber llegado para quedarse. No obstante, no creemos que el triunfo de las candidaturas independientes signifique el fracaso del partidismo; esa es una verdad parcialmente cierta… En el viejo continente, es el exacerbado apego a la ideología del partido lo que pone en crisis al propio partido. En México, al contrario, parece ser la infidelidad a la ideología lo que los ha puesto en entredicho.

Sólo el tiempo –crisol natural de todo triunfalismo– nos dará un parámetro vivo de lo que en realidad está sucediendo en México y con las candidaturas independientes.


[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 5 de Feb., 1917/ 27 de Mayo, 2015). «Art. 35.- Son derechos del ciudadano: […] VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional».

[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 5 de Feb., 1917/ 27 de Mayo, 2015). «Art. 71.- […] El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser

discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas».

[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (D.O.F. 5 de Feb., 1917/ 27 de Mayo, 2015). «Art. 35.- Son derechos del ciudadano: […] II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación».