201504.12
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Quien puede en lo más, puede en lo menos: Breve comentario al control difuso

En sesiones celebradas el 6 y el 7 de Abril de 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los Tribunales Colegiados de Circuito no pueden ejercer el control difuso de normas generales sino sólo cuando se trate de aspectos procesales. Contra toda lógica –aparentemente–, si se percibe que los Tribunales Colegiados de Circuito, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por competencia derivada los primeros; competencia originaria, la segunda, son el órgano de control constitucional por excelencia en México.


Una persona pierde la vida y el albacea demanda al hospital por daños y perjuicios y, además, por daño moral. Obtiene primero una resolución que la hace acudir al juicio de amparo: se falla parcialmente en su favor y obtiene el pago de la indemnización por los daños y perjuicios pero no por el daño moral. La razón de ello era que, toda vez que en virtud del art. 1916 del Código Civil del Distrito Federal, quien debe solicitar la acción de daño moral es la persona que sufrió la mala atención médica y no el familiar o albacea. Se aviene un segundo juicio de amparo directo y en éste el Tribunal Colegiado de Circuito realiza un control difuso sobre el art. 1916 del Código Civil inaplicándolo. Disconforme el hospital por la inaplicación, alude que el control realizado por el colegiado no resultaba procedente (amparo directo en revisión 1046/2012).

El control de constitucionalidad, pese a su mal apelativo de ‘control’ es en realidad un ajuste que realiza el órgano encargado de preservar la Constitución en un Estado de Derecho. ¿Cuál es el objeto de dicho ajuste? No es otra cosa que las normas generales vigentes en el país[1], de modo que éstas se ajusten al parámetro de principios y axiomas que el Constituyente le imprimió al tipo de Estado que ideó. El “poder” de controlar la constitucionalidad, en México, fue depositado en el Poder Judicial de la Federación. Y hoy por hoy lo ejercen las autoridades jurisdiccionales federales, de forma concentrada, mediante el juicio de amparo, las acciones de constitucionalidad y las controversias constitucionales.

Con todo, a raíz del expediente Varios 912/2010, generado, a su vez, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco vs México, el sistema jurídico mexicano, en aras de lograr el objetivo de proteger los derechos humanos del gobernado, adoptó el criterio de que todos los órganos jurisdiccionales deban ejercer el control de convencionalidad, bajo el principio de interpretación conforme (acceso efectivo a la justicia), que presupone tres pasos: interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e, cuando las alternativas anteriores no son posibles, inaplicación de la norma que menos beneficie. En otras palabras, la competencia del control “se difunde” entre todas las autoridades jurisdiccionales (incluyendo no sólo a las del Poder Judicial). Y no habiendo sido suficiente el darles la competencia de controlar la convencionalidad, se dijo además que dicha competencia reviste la forma de obligación, toda vez que las autoridades deben ejercerla oficiosamente.

Varias cosas hay que tener claro: (1) que la diferencia entre control concentrado de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad es el objeto de control: ajustar las normas generales a la Constitución no es lo mismo a ajustarlas a los derechos humanos; (2) que entre uno y otro control media una relación de género y especie –al menos a simple vista–, pues el control de constitucionalidad incluye un control de convencionalidad, toda vez que el art. 133 constitucional coloca a los tratados como Ley Suprema de la Unión; y (3) finalmente, que las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación están obligadas, también, a realizar un control de convencionalidad de oficio.

Con todo, la gran interrogante que se discutió en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia: ¿Pueden los Tribunales Colegiados de Circuito, como parte del Poder Judicial de la Federación, ejercer de oficio un control de regularidad constitucional? La lógica nos llevaría a pensar –una vez vistos los considerandos del párrafo anterior– que, si el resto de las autoridades jurisdiccionales realizan ya, de oficio, el control de convencionalidad y que éste control está comprendido en el control de constitucionalidad, ¿por qué no habría el colegiado también de realizar oficiosamente el control difuso?

Para dilucidar con mayor claridad el problema conviene establecer una distinción tripartita: las autoridades jurisdiccionales que no pertenecen al Poder Judicial de la Federación (V.gr. un juez de primera instancia) evidentemente pueden ejercer un control difuso; las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación –cuando no están conociendo de un medio concentrado (V.gr. juicio de amparo)– también pueden ejercer el control difuso. Las autoridades que realizan control concentrado pueden realizar también un control difuso, en opinión del Min. Cossío Díaz, siempre que se trate de las normas procesales con las cuales actúan, no con las normas sustantivas que están siendo discutidas en el proceso: «cuando se encuentre que hay una inconstitucionalidad o convencionalidad de esas normas las desaplica [el Tribunal Colegiado] y resuelve dependiendo la naturaleza del asunto con principios generales del Derecho o por la prohibición, analogía o mayoría de razón del artículo 14»[2]. Lo último anterior se afirma en orden a guardar un equilibrio procesal.

En esta tesitura el Tribunal Colegiado que desaplicó el art. 1916 del Código Civil, sólo podía controlar las normas procesales (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Código Federal de Procedimientos Civiles) y no el Código Civil del Distrito Federal. El control difuso corresponde a aquellas autoridades que en la medida de su competencia tengan esa posibilidad. Luego entonces, la competencia de desaplicar el art. 1916 era de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, quien en un momento dado, fue omiso de controlar la norma. El Tribunal Colegiado no tenía posibilidades de ejercer control difuso porque el art. 1916 derivaba de un procedimiento ordinario, no de la aplicación de uno extraordinario como es el juicio de amparo. En otras palabras, el colegiado se sustituyó en la autoridad responsable, contrariando el ámbito competencia impuesto por la Constitución y que es, en fin de cuentas, el ordenamiento que se busca proteger:

En el juicio de amparo el juez no se sustituye en la autoridad responsable, quien se sustituye es quien está en un recurso. El tribunal colegiado podría sustituirse en el juez de distrito pero no en la Sala del Tribunal Superior de Justicia que es una autoridad responsable; si el juez de distrito es el que dentro del procedimiento hubiera aplicado el artículo respectivo, el tribunal colegiado en el recurso de revisión en sustitución del juez de distrito podría haber aplicado control difuso del artículo que no hubiera hecho aplicación o control difuso el juez de distrito […] En el juicio no podemos sustituirnos; en el recurso hay la obligación de sustituirse a lo que el inferior haya dejado de analizar, no es el caso, porque aquí quien viene al amparo es precisamente en contra del acto que emite la Sala del Tribunal Superior de Justicia que es autoridad responsable, no es quien depende del tribunal colegiado para que él a su vez se sustituya en esto.

Si bien, el razonamiento resulta implacablemente lógico[3]: los colegiados no se pueden sustituir en la autoridad responsable para ejercer el control difuso de las normas, ¿no se está dejando de lado que la competencia de ejercer dicho control reviste la forma de una obligación, es decir, es un control ex officio? ¿Qué tan ‘de oficio’ es, entonces, el ‘control de oficio’? Retomando estas interrogantes en palabras del Min. Zaldívar:

Si tomamos en serio el control de convencionalidad y constitucionalidad tenemos que llegar a la conclusión que no solamente los tribunales colegiados pueden realizarlo, sino deben realizarlo, porque es la manera de dar contenido serio, total y absoluto de la supremacía de los derechos humanos en el sistema jurídico.


[1] Tradicionalmente la figura del control de constitucionalidad tiene por objeto las normas; no se descarta que también puedan estar sometidos a control los actos de las autoridades (a la luz del art. 16 constitucional) puesto que tienen que fundar y motivar su competencia y la causa legal de su actuar.

[2] Sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 6 de Abril de 2015. Versión taquigráfica. Amparo directo en revisión 1046/2012, promovido en contra de la sentencia dictada el 21 de Octubre de 2011 por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bajo la ponencia del señor Ministro Cossío Díaz.

[3] Nuestra opinión concuerda con el sentido del proyecto del Min. Cossío Díaz: pues si bien se “limita” al Tribunal Colegiado a aspectos procesales respecto del control difuso, todavía puede realizar éste el control concentrado en suplencia de la queja o por causa de pedir.