201503.21
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Cierran puertas a la clausura impuesta por la PROFECO

Ante las recientes noticias de establecimientos que han sido clausurados ponemos en entre dicho la atribución de la Procuraduría Federal del Consumidor de clausurar un establecimiento como sanción por infringir la Ley Federal de Protección al Consumidor. En un inicio se criticó dicha atribución por ser inconstitucional. Hoy por hoy se han delimitado algunos supuestos que se consideran particularmente graves para que proceda la clausura. Que resalta también que el concepto de “un grupo de consumidores” es una limitante para imponer la clausura como sanción.


La clausura es el acto por el cual se suspende de manera parcial o total las actividades un establecimiento toda vez que se incumplió con la regulación correspondiente [1]. La Procuraduría Federal del Consumidor, en adelante PROFECO, como organismo descentralizado, se encarga de proteger los derechos del consumidor así como procurar la equidad entre proveedores y consumidores [2]. Con base en lo anterior, la PROFECO tiene atribuciones para vigilar y verificar que se esté cumpliendo la Ley Federal de Protección al Consumidor, y en caso de infracción, imponer una sanción. El artículo 128 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor faculta a la PROFECO para sancionar con la clausura total o parcial, en casos particularmente graves.

La clausura como sanción impuesta por la PROFECO se puede analizar de manera cronológica: primeramente se criticó por ser inconstitucional; en un segundo momento, se creiticó la delimitación del concepto “grupo de consumidores”.

El artículo 21 constitucional faculta a la autoridad administrativa para sancionar las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, con multa o arresto hasta por 36 horas. Con base en ello, se criticó que la atribución de la PROFECO de sancionar con clausura era inconstitucional, ya que excedía las facultades expresamente otorgadas en el artículo 21 constitucional. Dicha crítica fue desvirtuada, tal y como vemos en la Tesis Aislada del Pleno de la Suprema Corte en la que establece que el artículo 128 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor no infringe el artículo 21 constitucional, toda vez que «la norma constitucional distingue entre la autoridad judicial y la administrativa, asignando a la primera de ellas la potestad de imponer las penas; y a la segunda la de sancionar las faltas a los reglamentos de policía y buen gobierno, pero no se refiere a los actos de la autoridad legislativa. Por ende, para esta última no rige la limitación impuesta por el Constituyente, para sancionar exclusivamente con arresto o multa las infracciones a las leyes» [3].

Como ya se mencionó, la PROFECO tiene la atribución para sancionar con clausura parcial o total, en los casos particularmente graves. Por lo que, una vez superado el comentario en el párrafo anterior, se llega a preguntar, ¿cuáles son los casos particularmente graves? El principio de legalidad y seguridad jurídica previstos en el artículo 16 constitucional permite darle certeza jurídica al gobernado de conocer los motivos y atribuciones del Estado por realizar o no tales actos. Es así que hasta el 4 de Febrero de 2004, cuando fue adicionado el artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dicha sanción era inconstitucional por infringir las garantías de legalidad y seguridad jurídica, tal y como se estableció en el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia, por «dejar a los particulares en estado de indefensión, al desconocer éstos los motivos y razones que conducen a la autoridad sancionadora a calificar como “particularmente grave” la infracción que se les atribuya» [4].

Conforme lo anterior, se adiciona el artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor el cual establece que se considerarán particularmente graves los casos en que se afecten los derechos e intereses de un grupo de consumidores, entre otros supuestos [5]. Grupo de consumidores es un concepto vago por la diversidad del mismo para el cual, conforme a la garantía de legalidad y seguridad jurídica, cabe a delimitar dicho concepto, ya que de lo contrario nos volveríamos a encontrar que se considera inconstitucional.

Cuando nos referimos a los intereses de un grupo de consumidores se debe diferenciar entre los intereses colectivos o difusos.

Así, el primero no debe entenderse como la suma de intereses individuales, sino como su combinación, por ser indivisible, en tanto que debe satisfacer las necesidades colectivas. Por su parte, los intereses difusos se relacionan con aquellas situaciones jurídicas no referidas a un individuo, sino que pertenecen a una pluralidad de sujetos más o menos determinada o indeterminable, que están vinculados únicamente por circunstancias de hecho en una situación específica que los hace unificarse para acceder a un derecho que les es común. Mientras que los colectivos corresponden a grupos limitados y circunscritos de personas relacionadas entre sí debido a una relación jurídica, con una conexión de bienes afectados debido a una necesidad común y a la existencia de elementos de identificación que permiten delimitar la identidad de la propia colectividad [6].

Debido a que el grupo de consumidores son unidos por una situación de hecho, deben ser considerados como intereses difusos. Y como tal, para que se considere que se perjudican intereses difusos deben serlo de una manera general, es decir, se considera al grupo en su totalidad; ya que de perjudicarse a una persona en concreto, no cabría en el supuesto para ser considerado como un caso particularmente grave y no se podría imponer la clausura como sanción.


[1] CF. Ley de establecimientos mercantiles del Distrito Federal. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura. 20 de enero de 2011. Disponible en línea en: <http://www.aldf.gob.mx/archivo-5d3b577406a3e27c86d77078bbbb2e08.pdf>: «el acto administrativo a través del cual la autoridad competente, como consecuencia de un incumplimiento a la normatividad correspondiente, impide o suspende las actividades o funcionamiento de un Establecimiento Mercantil mediante la colocación de sellos en el local correspondiente, pudiendo ser de carácter parcial o permanente».

[2] CF. Ley federal de protección al consumidor. Congreso de la Unión. 24 de diciembre de 1992. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_261214.pdf>: «tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores».

[3] CLAUSURA. LA ESTABLECIDA COMO SANCION EN EL ARTICULO 128, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, NO INFRINGE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 21 CONSTITUCIONAL. [TA]; 9ª Época; Pleno; S..J.F. y su Gaceta; Tomo II, Noviembre de 1995; Pág. 77 P. CIV/95. Registro No. 200262.

[4] PROTECCION AL CONSUMIDOR. EL ARTICULO 128, SEGUNDO PARRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL EN CUANTO OMITE ESTABLECER LOS DATOS QUE PERMITAN A LA AUTORIDAD DEFINIR LOS CASOS “PARTICULARMENTE GRAVES” PARA EFECTO DE LA IMPOSICION DE LA SANCION DE CLAUSURA. [TA]; 9ª Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Mayo de 1996; Pág.115 P. LXXII/96. Registro No. 200129.

[5] CF. Ley federal de protección al consumidor. Congreso de la Unión. 24 de diciembre de 1992. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_261214.pdf>: «Se considerarán casos particularmente graves:
I. Aquellos en que de seguir operando el proveedor, se pudieran afectar los derechos e intereses de un grupo de consumidores;
II. Cuando la infracción de que se trate pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de un grupo de consumidores;
III. Aquellas infracciones que se cometan en relación con bienes, productos o servicios que por la temporada o las circunstancias especiales del mercado afecten los derechos de un grupo de consumidores;
IV. Aquellas conductas que se cometan aprovechando la escasez, lejanía o dificultad en el abastecimiento de un bien o en la prestación de un servicio;
V. Cuando se trate de productos básicos de consumo generalizado, como alimentos, gas natural o licuado de petróleo, gasolina o productos sujetos a precio máximo o a precios o tarifas establecidos o registrados por la Secretaría o por cualquiera otra autoridad competente;
VI. Cuando la información o publicidad relacionada con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdadera, induzcan a error o confusión al consumidor por la forma falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presente;
VII. La reincidencia en la comisión de infracciones a los artículos señalados en el artículo 128 de esta ley, y
VIII. Aquellas que vulneren los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes».

[6] INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. [TA]; 9ª Época; Tribunal Colegiado de Circuito; S..J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; Pág. 2136 XI.1o.A.T.50 K. Registro No. 161054.