201503.07
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Caducidad en el juicio contencioso administrativo

El 26 de Noviembre de 2014 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 219/2014. El punto de contradicción recaía sobre si para actualizar la caducidad en el juicio contencioso administrativo son aplicables supletoriamente las disposiciones relativas a dicha figura previstas en los Códigos de Procedimientos Civiles locales, o si, aun previendo la ley administrativa local esa supletoriedad, ello era contrario a derecho.


La caducidad de la instancia es la «extinción anticipada del proceso debido a la inactividad procesal de las dos partes, y en ocasiones, de una de ellas durante un período amplio, si se encuentra paralizada la tramitación»[1]. «En el ordenamiento mexicano se regula esta institución en materias civil, laboral y en el derecho de amparo»[2].

En algunos Estados, en las leyes administrativas que regulan el juicio contencioso administrativo no se contempla la figura de la caducidad de la instancia. Estas leyes establecen que a falta de disposición expresa y en cuanto no se opongan en lo establecido en dichas leyes, se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles local.

Diversos tribunales habían considerado que decretar la caducidad de la instancia aplicando supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles era procedente ya que la misma ley contempla la posibilidad de aplicar supletoriamente el ya mencionado Código, mientras que otros tribunales estimaban que la supletoriedad no era procedente.

Al ser criterios discrepantes lo que la Segunda Sala debía resolver era que si para actualizar la caducidad en el juicio contencioso administrativo son aplicables supletoriamente los Código de Procedimientos Civiles locales. En específico, los  criterios contendientes eran los siguientes:

El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar de la Quinta Región consideró que mientras se cumplan con los requisitos para que la supletoriedad de las leyes opere, el declarar la caducidad presupone el acceso a la justicia, por lo cual no se puede considerar que se violen derechos de las partes[3].

Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto circuito, ahora Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del citado Circuito, sostuvieron que:

No es procedente que se aplique supletoriamente en el juicio contencioso administrativo local, las disposiciones de la figura jurídica de la caducidad de la instancia prevista en los diversos Códigos de Procedimientos Civiles locales, en virtud de que al no contemplarse la existencia de dicha figura jurídica en las leyes especiales que rigen el procedimientos de dichos juicios, no satisface la totalidad de los requisitos indispensables para que opere la supletoriedad de una ley respecto de otra, ya que al hacerlo propiamente no se cubren lagunas de la ley, sino que se modifica o adiciona[4].

Para resolver la contradicción, la Segunda Sala acudió al criterio jurisprudencial de rubro “SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES, REQUISITOS PARA QUE OPERE”[5] en donde quedan los requisitos para que sea válida la supletoriedad de las leyes.

El primer requisito para que la supletoriedad sea válida es que «el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos»[6].

El requisito mencionado se cumple ya que de las leyes administrativas analizadas por los Ministros, se desprende que dichas leyes prevén que a  falta de norma expresa será aplicable el Código de Procedimientos Civiles del Estado, siempre que no se oponga a lo prescrito en las leyes reguladoras del juicio contencioso administrativo[7].

Así mismo, la ley a suplir no debe contemplar la institución o cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente[8].  Este es el caso ya que las leyes administrativas no contemplan la figura de la caducidad.

Además, dicha omisión o vacío legislativo debe hacer necesaria la aplicación supletoria «de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir»[9].  La Segunda Sala no ahondó en el análisis de este requisito.

Por último, las normas aplicadas supletoriamente no deben contrariar el ordenamiento legal a suplir, deben ser congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate[10]. Al respecto, los Ministros consideraron que:

Los Códigos de Procedimientos Civiles Estatales examinados establecen como causa de caducidad del proceso la inactividad procesal, el cual obedece a un fin constitucionalmente válido consistente en la  consideración de orden público de que los juicios no permanezcan inactivos o paralizados indefinidamente, sin cumplir la función para la cual fueron instituidos[11].

Por todo lo anterior, la Segunda Sala consideró que:

Es dable concluir que la caducidad de la instancia establecida en los Códigos Procesales Civiles de los Estados, es aplicable supletoriamente a las leyes de justicia administrativa que regulan el juicio contencioso administrative […] ya que dicha figura jurídica tiene por objeto poner fin a la indefinición de tales juicios por inactivadad procesal, para salvaguardar el principio de seguridad jurídica[12].

En Nuevo León, la Ley de Justicia Administrativa contempla en su artículo 57 fracción IV establece como causa de  sobreseimiento del juicio:

Artículo 57.-Procede el sobreseimiento del juicio:

[…]

V.- Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días consecutivos, ni el actor hubiere promovido en ese mismo lapso, siempre que la promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento. En los juicios que se encuentren en revisión, la inactividad producirá la caducidad de esa instancia y la Sala Superior declarará firme la resolución recurrida. Celebrada la audiencia de Ley o propuesto el asunto para resolverse, no procederá el sobreseimiento o la caducidad; y

[…]

De lo anterior se desprende que en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipos de Nuevo León se contempla la figura de la caducidad.

Así mismo, la figura de la caducidad en la Ley de Justicia Admnistrativa del Estado de Nuevo León se encuentra justificada ya que el segundo párrafo del artículo 27 de la ya mencionada ley establece que «en la tramitación del juicio contencioso administrativo impera el principio de impulso procesal de las partes».

Hay otros estados, como Jalisco, en el que la Ley de Justicia Administrativa no contempla la figura de la caducidad. En este caso, de acuerdo a la Segunda Sala si se cumplen los cuatro requisitos establecidos podrá aplicarse supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles de dicho Estado y por lo tanto será posible decretar la caducidad.

A diferencia de la ley del Estado de Nuevo León, la de Jalisco no establece cómo en el juicio contencioso administrativo opera el principio de impulso procesal de las partes. Así que a pesar de existir requisitos para que opere la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles, es nuestra opinión que ello conllevaría adicionar una figura que solamente podría ser adicionada por el legislador, mediante el proceso legislativo.

 

 

 

 

 

[1] Ovalle Favela, José. “Caducidad de la instancia”. En: Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. (Tomo I). Ed. Histórica. México, Porrúa, 2001/2011, (págs. 437-429), pág. 437.

[2] Loc. Cit.

[3] Contradicción de tesis 219/2014. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de dicho Circuito. 26 de Nov., 2014. Disponible en línea en: Semanario Judicial de la Federación <http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25466&Clase=DetalleTesisEjecutorias>.

[4] Loc. Cit.

[5] SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES, REQUISITOS PARA QUE OPERE.  [J]; 9ª Época; Segunda Sala; S..J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Marzo de 2010; Pág. 1054 2a. XVIII/2010. Registro No. 164889.

[6] Loc. Cit.

[7] Contradicción de tesis 219/2014. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de dicho Circuito. 26 de Nov., 2014. Disponible en línea en: Semanario Judicial de la Federación <http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25466&Clase=DetalleTesisEjecutorias>.

[8] SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES, REQUISITOS PARA QUE OPERE.  [J]; 9ª Época; Segunda Sala; S..J.F. y su Gaceta; Tomo XVIII, Marzo de 2013; Pág. 1065 2a./J. 34/2013 (10a.). Registro No. 2003161.

[9] Loc. Cit.

[10]  Loc. Cit.

[11] Contradicción de tesis 219/2014. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actual Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de dicho Circuito. 26 de Nov., 2014. Disponible en línea en: Semanario Judicial de la Federación <http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25466&Clase=DetalleTesisEjecutorias>.

[12] Loc. Cit.